Noticias

Inicio » Noticias
07 de febrero de 2020

EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ Y CEUTA RECUERDA LA FIGURA DEL JUEZ RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR, ASESINADO POR ETA


EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ Y CEUTA RECUERDA LA FIGURA DEL JUEZ RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR, ASESINADO POR ETA El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha recordado hoy la figura de Rafael Martínez Emperador, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, asesinado por ETA en 1997, en Madrid.
En un sencillo acto de homenaje, celebrado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, el presidente de esta Corporación de Operadores Jurídicos, José Blas Fernández, ha destacado su figura: “Un juez ejemplar que pronunció su última conferencia pública en Cádiz antes de recibir, dos días más tarde, un disparo cobarde en la nuca”.

 

Junto a miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, el presidente ha colocado una corona de laurel en el mismo lugar donde se encuentra una placa conmemorativa que se descubrió hace unos años en memoria de Rafael Martínez Emperador. El magistrado da nombre a la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio.

 

Junto al presidente del Colegio han estado presentes Juan Carlos Cabrera Pascua, vicepresidente 2º; Manuel Carlos Raposo Lagóstena, secretario general; Francisca Aragón Torres, vicesecretaria; Manuel Fraga Núñez, interventor-contador; y los vocales Francisco Javier Sánchez Rea y Rosario Galiana Vigo.

 

Todos ellos han destacado la figura de Rafael Martínez Emperador y reiterado su compromiso de no olvidar su figura, muy ligada a los graduados sociales de Cádiz y Ceuta.
31 de enero de 2020

CÁDIZ: ANA MARÍA NOVO PÉREZ Y FRANCISCO CEJAS CÁCERES RECIBEN EL DIPLOMA ACREDITATIVO DE LA MEDALLA DE PLATA


CÁDIZ: ANA MARÍA NOVO PÉREZ Y FRANCISCO CEJAS CÁCERES RECIBEN EL DIPLOMA ACREDITATIVO DE LA MEDALLA DE PLATA Con motivo de la reunión mensual de nuestra Junta de Gobierno, hemos llevado a cabo un sencillo acto de entrega de las Medallas de Plata al Mérito Profesional por los  25 años de colegiación a Ana María Novo Pérez, Francisco Cejas Cáceres, que no pudieron asistir a nuestra ceremonia con motivo de la Fiesta Patronal de los Graduados Sociales.
En las imágenes adjuntas, algunos instantes del acto de entrega de los diplomas acreditativos, que estuvo presidido por nuestro presidente, José Blas Fernández, también al frente del Consejo Andaluz, acompañado de los miembros de la Junta de Gobierno.
28 de enero de 2020

LOS GRADUADOS SOCIALES RECLAMAN CONSENSO Y EFICACIA A LAS ADMINISTRACIONES PARA INICIAR LAS OBRAS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE CÁDIZ


LOS GRADUADOS SOCIALES RECLAMAN CONSENSO Y EFICACIA A LAS ADMINISTRACIONES PARA INICIAR LAS OBRAS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE CÁDIZ

El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha solicitado hoy a Miguel Rodríguez, delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia de Cádiz, que intensifique las gestiones con el Ayuntamiento de Cádiz para que pleno pueda aprobar, a la mayor brevedad posible, el expediente de cesión de los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz.


En una reunión celebrada esta mañana, una delegación de la junta de gobierno del Colegio de Graduados Sociales, con su presidente, José Blas Fernández Sánchez, al frente, ha mantenido una reunión con el representante de la Consejería de Justicia, coincidiendo ambos en reclamar al equipo de gobierno municipal de Cádiz en que “haga un esfuerzo para tramitar cuanto antes la cesión de los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera, en Loreto, para construir la Ciudad de la Justicia”.

 

“Destacamos el interés de Miguel Rodríguez en este asunto y queremos que el alcalde entienda también que este es un tema prioritario. Estamos dispuestos a darle a conocer, de primera mano, como están trabajando los profesionales del Derecho actualmente y, lo que es más importante, como esto repercute en unas pésimas condiciones para los ciudadanos y justiciables, con sedes dispersas y mal equipadas”, ha declarado el presidente colegial.

 

El presidente de la corporación de graduados sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha explicado al delegado territorial de Justicia que “es el momento de trabajar desde dos planteamientos: el del consenso y el de la eficacia. Por fin, después de 18 años, el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz cuenta con una partida importante en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020, en concreto 622.904 euros de inversión. No podemos dejar pasar esta ocasión para iniciar los trámites burocráticos, la cesión de los terrenos y la redacción del proyecto. Primero, que se apruebe esa cesión municipal; después, ya estaremos encima de la Junta de Andalucía para que actué con celeridad e inicie las obras”, ha añadido.

 

La construcción de la Ciudad de la Justicia está proyectada desde el año 2011, inicialmente en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana. El presidente de los graduados sociales recuerda que en los años 2005 y 2006 se realizaron es estos terrenos trabajos previos de adecuación por importe de 800.000 euros, incluyendo sondeos arqueológicos y la democión de los edificios existentes, además de un estudio geotécnico.

 

“La cosa no quedó ahí -recuerda José Blas Fernández- porque en 2007 se presentó a bombo y platillo el proyecto de construcción, que tuvo un coste para las arcas públicas de 3,7 millones de euros. Estos errores ya no tienen solución, pero pasados más de tres lustros es hora dar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”.

 

Por último, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales ha agradecido la colaboración del delegado territorial, Miguel Rodríguez, que se ha ofrecido a trabajar en la solución de otros proyectos pendientes, como la mejora de las salas de profesionales en los Juzgados de lo Social, especialmente en Jerez.

 

José Blas Fernández ha estado acompañado en la reunión, celebrada en la sede de la Delegación Territorial, por vicepresidente primero del Colegio, Luis Carrasco Quiñones; la vicesecretaria general, Francisca Aragón Torres y la vocal de la junta de gobierno, Rosario Galiana Vigo.
28 de enero de 2020

«HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL ÚNICA», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


«HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL ÚNICA», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS Cabía esperar que en la nueva estructura de la Administración General del Estado, al separarse los departamentos de trabajo o empleo y de Seguridad Social, esta última materia, por su importancia para la ciudadanía, tuviera un departamento ministerial propio. Pero no ha sido así y lo que se ha creado es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyas competencias son: la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración, y de políticas de inclusión. Para lo cual hay dos Secretarías de Estado: una de la Seguridad Social y Pensiones, y otra de Migraciones.

 

Con esa estructura no queda bien definido el objetivo de la primera denominación del ministerio, pues ¿qué ha de entenderse como Inclusión? Si se trata solo de desarrollar la “Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social”, que con vigencia hasta 2023 acordó el Consejo de Ministros en marzo de 2019, tal labor también podría encuadrarse en cualquiera de otros dos ministerios: el de Derechos Sociales y Agenda 2030 o el de de Igualdad. En el que ha quedado, lo que se pretenda con el concepto Inclusión no tiene todavía un departamento para su gestión.

 

Lo que está claro es que se encuadra la protección social de los funcionarios públicos adscritos en el régimen de clases pasivas con la de la Seguridad Social del resto de trabajadores. Aunque no está definida la forma  en que se llevará a cabo, pues aquellos que ingresaron a partir del día 1 de enero de 2011 están integrados en el Régimen General, mientras que los incorporados antes, que rondan los 600.000 y un número parecido de jubilados (cuyo gasto anual asciende a catorce mil millones de euros) se rigen por una  normativa especial que ha sido gestionada por el Ministerio de Hacienda. Es la ocasión de unificar el sistema de pensiones, lo cual podría contribuir a su saneamiento. Pero, si esa es la idea, puede llevar un tiempo en conformarse, aunque el ministro Escrivá se haya propuesto como principal cometido, según declaró el día en que tomó posesión de su cargo, “cerrar de forma rápida y efectiva el déficit de la Seguridad Social dando certidumbre a los pensionistas con soluciones justas y equitativas”.
ACCESO COLEGIADOS

Usuario:


Clave: