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28 de enero de 2020

LOS GRADUADOS SOCIALES RECLAMAN CONSENSO Y EFICACIA A LAS ADMINISTRACIONES PARA INICIAR LAS OBRAS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE CÁDIZ


LOS GRADUADOS SOCIALES RECLAMAN CONSENSO Y EFICACIA A LAS ADMINISTRACIONES PARA INICIAR LAS OBRAS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE CÁDIZ

El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha solicitado hoy a Miguel Rodríguez, delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia de Cádiz, que intensifique las gestiones con el Ayuntamiento de Cádiz para que pleno pueda aprobar, a la mayor brevedad posible, el expediente de cesión de los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz.


En una reunión celebrada esta mañana, una delegación de la junta de gobierno del Colegio de Graduados Sociales, con su presidente, José Blas Fernández Sánchez, al frente, ha mantenido una reunión con el representante de la Consejería de Justicia, coincidiendo ambos en reclamar al equipo de gobierno municipal de Cádiz en que “haga un esfuerzo para tramitar cuanto antes la cesión de los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera, en Loreto, para construir la Ciudad de la Justicia”.

 

“Destacamos el interés de Miguel Rodríguez en este asunto y queremos que el alcalde entienda también que este es un tema prioritario. Estamos dispuestos a darle a conocer, de primera mano, como están trabajando los profesionales del Derecho actualmente y, lo que es más importante, como esto repercute en unas pésimas condiciones para los ciudadanos y justiciables, con sedes dispersas y mal equipadas”, ha declarado el presidente colegial.

 

El presidente de la corporación de graduados sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha explicado al delegado territorial de Justicia que “es el momento de trabajar desde dos planteamientos: el del consenso y el de la eficacia. Por fin, después de 18 años, el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz cuenta con una partida importante en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020, en concreto 622.904 euros de inversión. No podemos dejar pasar esta ocasión para iniciar los trámites burocráticos, la cesión de los terrenos y la redacción del proyecto. Primero, que se apruebe esa cesión municipal; después, ya estaremos encima de la Junta de Andalucía para que actué con celeridad e inicie las obras”, ha añadido.

 

La construcción de la Ciudad de la Justicia está proyectada desde el año 2011, inicialmente en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana. El presidente de los graduados sociales recuerda que en los años 2005 y 2006 se realizaron es estos terrenos trabajos previos de adecuación por importe de 800.000 euros, incluyendo sondeos arqueológicos y la democión de los edificios existentes, además de un estudio geotécnico.

 

“La cosa no quedó ahí -recuerda José Blas Fernández- porque en 2007 se presentó a bombo y platillo el proyecto de construcción, que tuvo un coste para las arcas públicas de 3,7 millones de euros. Estos errores ya no tienen solución, pero pasados más de tres lustros es hora dar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”.

 

Por último, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales ha agradecido la colaboración del delegado territorial, Miguel Rodríguez, que se ha ofrecido a trabajar en la solución de otros proyectos pendientes, como la mejora de las salas de profesionales en los Juzgados de lo Social, especialmente en Jerez.

 

José Blas Fernández ha estado acompañado en la reunión, celebrada en la sede de la Delegación Territorial, por vicepresidente primero del Colegio, Luis Carrasco Quiñones; la vicesecretaria general, Francisca Aragón Torres y la vocal de la junta de gobierno, Rosario Galiana Vigo.
28 de enero de 2020

«HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL ÚNICA», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


«HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL ÚNICA», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS Cabía esperar que en la nueva estructura de la Administración General del Estado, al separarse los departamentos de trabajo o empleo y de Seguridad Social, esta última materia, por su importancia para la ciudadanía, tuviera un departamento ministerial propio. Pero no ha sido así y lo que se ha creado es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyas competencias son: la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración, y de políticas de inclusión. Para lo cual hay dos Secretarías de Estado: una de la Seguridad Social y Pensiones, y otra de Migraciones.

 

Con esa estructura no queda bien definido el objetivo de la primera denominación del ministerio, pues ¿qué ha de entenderse como Inclusión? Si se trata solo de desarrollar la “Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social”, que con vigencia hasta 2023 acordó el Consejo de Ministros en marzo de 2019, tal labor también podría encuadrarse en cualquiera de otros dos ministerios: el de Derechos Sociales y Agenda 2030 o el de de Igualdad. En el que ha quedado, lo que se pretenda con el concepto Inclusión no tiene todavía un departamento para su gestión.

 

Lo que está claro es que se encuadra la protección social de los funcionarios públicos adscritos en el régimen de clases pasivas con la de la Seguridad Social del resto de trabajadores. Aunque no está definida la forma  en que se llevará a cabo, pues aquellos que ingresaron a partir del día 1 de enero de 2011 están integrados en el Régimen General, mientras que los incorporados antes, que rondan los 600.000 y un número parecido de jubilados (cuyo gasto anual asciende a catorce mil millones de euros) se rigen por una  normativa especial que ha sido gestionada por el Ministerio de Hacienda. Es la ocasión de unificar el sistema de pensiones, lo cual podría contribuir a su saneamiento. Pero, si esa es la idea, puede llevar un tiempo en conformarse, aunque el ministro Escrivá se haya propuesto como principal cometido, según declaró el día en que tomó posesión de su cargo, “cerrar de forma rápida y efectiva el déficit de la Seguridad Social dando certidumbre a los pensionistas con soluciones justas y equitativas”.
24 de enero de 2020

LOS GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA CELEBRAN EL DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN


LOS GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA CELEBRAN EL DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN El día 21 de enero, la Diputación Provincial acogía el acto central de esta conmemoración en la que el Grupo de Trabajo Mediación Málaga, en el que estamos integrados desde su inicio en 2015, distinguía como miembro de honor a la secretaria general de Familias, Ana Mata. En el centro de la imagen vemos a Juan Carlos Olivares, miembro de la Junta de Gobierno del colegio de Málaga junto al director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la J.A Francisco Ontiveros, Ana Mata, y representantes de la diputación, judicatura y SERCLA.

 

La organización destacaba que "su apoyo a través de la administración ha conseguido implicar a la clase política para implementar la mediación en todas las actividades de la gestión porque es la mejor alternativa para conseguir un plus de satisfacción en la convivencia ciudadana." Mata, por su parte, aseguraba que "desde la secretaría general de Familias nos comprometemos a impulsar el registro de mediadores, trabajar en su difusión y crear un grupo de trabajo en Andalucía para ir de la mano de los profesionales y dar a conocer la mediación como herramienta de resolución de conflictos en materia familiar".

La jornada contó con representación institucional de todos los órganos de gobierno de la ciudad así como de los movimientos asociativos que trabajan y defienden la mediación como la mejor fórmula de resolución de conflictos.


Mediación Málaga, trabaja para la promoción y difusión de la Mediación, que a grandes rasgos, se define como una actividad neutral e independiente asistida por mediadores profesionales que ayudan a las personas a comprender el origen de sus diferencias y a encontrar soluciones sin necesidad de acudir a la vía judicial, sea cual fuere el ámbito del conflicto, familiar, penal, laboral, educativo, intercultural, sanitario, empresarial, vecinal  o comunitario, etc.
23 de enero de 2020

EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA ASISTE AL ACTO DEL DÍA DE LA MEDIACIÓN EN EUROPA


EL COLEGIO DE  GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA ASISTE AL ACTO DEL DÍA DE LA MEDIACIÓN EN EUROPA El día de la mediación se celebra el día 21 de enero en toda Europa porque coincide con la fecha en que se aprobó la Recomendación número 98 sobre mediación Familiar por el Consejo de Europa (21 de enero de 1998). Se trata del primer texto legislativo sobre potenciación de la mediación a nivel europeo.
Con motivo de esta celebración los mediadores, las instituciones y todos los profesionales relacionados con la mediación organizan actos para promover el conocimiento de la mediación, como fórmula extrajudicial para resolver los conflictos.
El Colegio de Graduados Sociales de Granada, ha estado presente, en la persona de su Presidente D. Esteban Sánchez Montoya y en el responsable de la Comisión de Mediación con Unión Profesional y Vocal de Junta de Gobierno, D. José Maria Morales Sánchez, en los actos que con motivo de la celebración del día de la Mediación, han organizado desde Unión Profesional Granada.
21 de enero de 2020

«MEJORA DE PENSIÓN DISCRIMINATORIA» POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


«MEJORA DE PENSIÓN DISCRIMINATORIA» POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS A las pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente causadas  a partir del día 1 de enero de 2016, en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social, por mujeres que hayan tenido dos o más hijos biológicos o adoptados se les reconoce un complemento por su aportación demográfica a la Seguridad Social. Pero resulta que de la normativa de la Unión Europea se desprende que la aportación de los hombres a la demografía es tan necesaria como la de las  mujeres. Por ello, al tener que resolver sobre una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Gerona, por demanda presentada por un varón en reclamación del  mismo derecho, el Tribunal de Justicia Europeo formuló al Gobierno español una aclaración y éste señaló que dicho complemento fue concebido también como una medida a minorar la brecha de género existente entre las pensiones de las mujeres y los hombres, que se produce como consecuencia de las distintas  trayectorias laborales. Es decir, que el objetivo perseguido consiste en garantizar el reconocimiento de pensiones adecuadas a las mujeres que han visto reducida su capacidad de cotización y, con ello, la cuantía de sus pensiones, cuando por haber tenido dos o más hijos, y haberse dedicado a su cuidado, han visto interrumpidas o acortadas sus carreras profesionales.  Ante ese argumento el Tribunal Europeo, con sentencia de 12 de diciembre último, resolvió la cuestión prejudicial entendiendo que la circunstancia de que las  mujeres estén más afectadas por las desventajas profesionales derivadas del cuidado de los hijos porque, en general, asumen esta tarea, no puede excluir la posibilidad de comparación de su situación con la de un hombre que asuma el cuidado de sus hijos y que, por esa razón haya podido sufrir las mismas desventajas en su carrera. Aparte de que la norma española concede el complemento a las mujeres que hayan adoptado al menos dos hijos, lo que indica que el legislador no pretendió limitar su aplicación a la protección de la condición biológica de las mujeres que hayan dado a luz. Por lo cual, y teniendo en cuenta otras consideraciones de discriminación por razón de sexo, el TJUE estima que la Directiva sobre aplicación progresiva de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social se opone a la norma española, que lógicamente habrá de ser adaptada.

 

Esta situación demuestra que cuando se quiere legislar de forma progresista hay que conocer bien a qué puede afectar y valorar sus posibles consecuencias. Porque en buena lógica ahora hay que modificar el artículo 60 de nuestra Ley General de la Seguridad Social. Pero eso no es sencillo porque o bien se amplía ese beneficio a los varones o se restringe el de las mujeres, que tiene una aplicación muy amplia, pues no exige que hayan dejado efectivamente de trabajar en el momento que tuvieron a sus hijos y por ello disfrutaron de un permiso de maternidad y no cotizaron; de manera que se otorga a mujeres que han dado a luz antes de acceder a una actividad laboral y a viudas que  nunca han trabajado ni cotizado al sistema y que cobran pensión derivada del trabajo de sus maridos.   En el acuerdo PSOE con Unidas Podemos, de 30 de diciembre, figura el acuerdo de revisar el complemento por maternidad "para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género", lo cual hace suponer que la modificación normativa puede abarcar las dos posibilidades: ampliar a los hombres la posibilidad del complemento y que para su acceso al  mismo se requiera haber tenido que dejar de cotizar durante determinado periodo por el nacimiento o adopción de algún hijo.                               
ACCESO COLEGIADOS

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