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24 de septiembre de 2018

PELIGRA EL TRABAJO EN EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


PELIGRA EL TRABAJO EN EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS

Además de propiciar la creación de un grupo de enfermedades profesionales para la actividad de hostelería, cuya plasmación normativa ya ha sido anunciada por el Gobierno,  las quejas por su estatus de las camareras de pisos de hoteles pueden llevar a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el trabajo en las subcontratas.


Hasta que se añada al cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social un nuevo grupo para el colectivo de las camareras de piso, relacionadas con determinados movimientos repetitivos en brazos y manos propios de su trabajo, una resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social permitirá que las mutuas apliquen el reconocimiento de estas enfermedades de manera inmediata. Eso es lo acordado por la Mesa del Empleo de Calidad en la Hostelería, presidida por la Secretaria de Estado de Empleo con la presencia de los agentes sociales y representantes de las Comunidades Autónomas. Pero tal aplicación no es simple, pues se han de seguir los mandatos de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, y sus normas de desarrollo.
Pero además se ha anunciado una revisión de esa actividad laboral, llevada a cabo por empresasnsubcontratadas. Aunque de lo que se ha dicho se desprende que tal modificación se limitará a un añadido en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que establezca la obligación de los subcontratistas de retribuir a sus trabajadores con las mismas cuantías que perciban los de la empresa contratante.
Si eso fuera definitivamente así, podría llevar a la desaparición de no pocas pequeñas empresas que perviven por ser contratadas por otras de mayor tamaño, que generalmente tienen convenio propio más favorable a los trabajadores que el del sector aplicable a las subcontratadas. Porque a las que subcontratan les resultaría más caro seguir haciéndolo que contratar directamente, aunque perderían la ventaja de no tener absentismo laboral, la cual consiste en que las empresas subcontratadas tienen que realizar la labor pactada y mantener en todo  momento el personal necesario, sin incrementar su precio si han de sustituir algún trabajador por enfermedad u otra causa, como puede ser el disfrute de permisos retribuidos. Esa posibilidad también existe contratando a través de empresas de empleo temporal, aunque esto, si se observa la legalidad, sólo puede hacerse de forma temporal y sin  la coordinación profesional  que supone la subcontrata de un grupo de trabajadores, con sus mandos, para prestar un servicio en una empresa de mayor tamaño que con duración indeterminada lo necesite.  
Lo procedente sería que se regularan racionalmente las situaciones en que pueda llevarse a cabo las subcontratas, que lógicamente serían limitadas, y se propiciara  la contratación individual de carácter fijo relajando los condicionamientos para los ceses. Algo que no se hará porque las organizaciones sindicales son contrarias a ello. Pero podría pensarse en recobrar la figura del despido exprés, que desapareció con la última reforma laboral y que consistía en poder cesar a trabajadores pagándoles la totalidad de lo que les correspondería por despido improcedente. De esa manera, aunque parezca extraño, ganaría el trabajador, ya que obligatoriamente cobraría, al menos 33 días por año de servicio, con un máximo de 720 días, en lugar de los 12 que le corresponden ahora por finalización de un contrato temporal. Aparte de que  se ahorrarían trámites administrativos en los órganos de medicación y conciliación, donde además se suelen conciliar indemnizaciones inferiores a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, que se tienen como referencia de máximos porque su cuantía no está sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturalmente, habría que tener un control del pago de las indemnizaciones para que sea válida la situación legal de desempleo. Lo mismo que ya ocurre para las jubilaciones anticipadas denominadas involuntarias.  ENRIQUE GARCÍA TOMÁS

GRADUADO SOCIAL

EX SECRETARIO DEL CONSEJO GRAL.

COLEGIADO EMÉRITO COLEGIO GS DE Cádiz

18 de septiembre de 2018

APERTURA OFICIAL DEL AÑO JUDICIAL EN LA SEDE DEL TSJA EN GRANADA


APERTURA OFICIAL DEL AÑO JUDICIAL EN LA SEDE DEL TSJA EN GRANADA El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, presidió ayer el acto de inicio del Año Judicial en Andalucía, en un acto celebrado en el patio central de la Real Chancillería de Granada y al que asistieron autoridades como el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y la consejera del ramo, Rosa Aguilar.

 

Nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez, asistió a este importante acto en representación de los graduados sociales de Andalucía.

 

El Año Judicial, que arranca el pasado 3 de septiembre, debe avanzar en las mejoras que nuestros profesionales vienen demandando para conseguir más eficacia y calidad de cara a los administrados de la Justicia del Orden Social y Laboral.

 

José Blas Fernández pone de relieve el “deseo de colaboración leal de nuestra profesión en todo aquello que redunde en la mejora de un servicio elemental para la sociedad, como es la Justicia Social y Laboral”.
05 de septiembre de 2018

25 DE SEPTIEMBRE: PLAZO LÍMITE PARA PRESENTAR CANDIDATOS A LOS IX PREMIOS A LA “IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA”


25 DE SEPTIEMBRE: PLAZO LÍMITE PARA PRESENTAR CANDIDATOS A LOS IX PREMIOS A LA “IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA” El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía convoca la IX edición del Premio “Implicación social en las Universidades Públicas de Andalucía”. El certamen persigue reconocer las “buenas prácticas” de colaboración entre las Universidades Públicas de Andalucía, las empresas y otros organismos públicos y privados de su entorno, su contribución al progreso y al bienestar de la sociedad mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del conocimiento, su proyección social y en concreto distinguir a la empresa o institución, instituto universitario, centros de investigación, servicio o departamento, trayectoria de investigadores/as, egresado/a, experiencias de internacionalización que mejor haya articulado y consolidado estas prácticas de colaboración.   El presidente-coordinador del Foro, Prudencio Escamilla Tera –presidente a su vez del Consejo Social de la Universidad de Cádiz- ha destacado la importancia de esta iniciativa, que tiene como objetivo “reconocer aquellos proyectos o programas que transfieran a la sociedad el conocimiento generado en la universidad, bien a través del desarrollo científico, de la innovación, la creatividad o el progreso social”.   Las bases del premio, cuyo plazo de presentación de candidaturas finaliza el 25 de septiembre próximo, recogen que la práctica o experiencia que se presente deberá estar finalizada o materializada en el curso académico 2016-2017 y haber sido desarrollada en el ámbito de Andalucía.   Asimismo, se establecen cuatro modalidades: Premio Implicación Social, dirigido a Institutos universitarios, investigadores/as, centros de investigación, servicios o departamentos de las universidades públicas andaluzas; a empresas y otros organismos públicos o privados; al Egresado/a y a las experiencias de internacionalización de las universidades andaluzas.   Las candidaturas se presentarán ante el consejo social de cualquiera de las universidades públicas de Andalucía, mediante el formulario que se encuentra en la web del Foro (www.consejosandalucia.org), o bien en las webs de los diferentes consejos.   El premio consistirá en una dotación económica de 3.000 € por modalidad, una escultura conmemorativa y un diploma acreditativo.   En la VIII edición del Premio Implicación Social en las Universidades Públicas de Andalucía, entregados en abril de 2017 en Huelva, fueron reconocidos el Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR, de la Universidad de Cádiz, y la empresa granadina Seven Solutions.   Sobre el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía   El Foro fue creado en el curso 2007-2008, con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de proponer líneas de coordinación: facilitar la comunicación entre los distintos consejos sociales de las universidades, aprovechar las sinergias positivas, trabajar en común, intercambiar buenas prácticas y facilitar la interlocución con las distintas administraciones académicas y educativas. En el Foro están representadas las siguientes universidades: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla, Pablo de Olavide (Sevilla), Córdoba, Málaga, Jaén.
04 de septiembre de 2018

“DOLOR DE CABEZA…BANDAZOS LEGISLATIVOS”, POR JOSE Mª CORUJO


“DOLOR DE CABEZA…BANDAZOS LEGISLATIVOS”, POR JOSE Mª CORUJO José María Corujo es Graduado Social y ex vicepresidente del Consejo General  y expresidente del Colegio de Pontevedra.  

Falsos autónomos, autónomos reales, …, ilegalidad, competencia desleal, … Tema en plena cresta de la controversia. ¿Realmente alguien cree que este fenómeno es nuevo?, ¿alguien entiende que el acelerador de los “falsos autónomos” ha sido la tarifa plana en las cotizaciones?, …

 

El pasado día 12 hacia algunas reflexiones sobre el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, Plan que, entre otras cuestiones, de forma genérica aborda “las actuaciones contra los falsos autónomos”. Actuaciones que, dentro de los escasos medios, humanos fundamentalmente, de que dispone la Inspección de Trabajo y S.S., siempre han estado presentes en su actuación.

 

En este momento la discusión, el “tema” en este punto, ya se está centrando y encaminando hacia la eliminación, disminución, recorte de situaciones, …, de una figura creada para incentivar, temporalmente, el autoempleo como autónomo. Desde la Administracion, de Trabajo fundamentalmente, e incluso desde algunas organizaciones de autónomos, se están dejando estos “mensajes”, de los que me preocupa realmente el que se ponga como aparente “solución” al fraude en el trabajo la eliminación o modificación (a menos en su aporte de ayuda al que empieza). Sigo refiriéndome a la actualmente denostada “tarifa plana”

 

Un matiz previo. El fraude siempre ha existido y su “cultura de” está ahí. Eliminarlo, de inicio disminuyéndolo, sólo se puede hacer de dos formas.

 

La primera y básica estableciendo una cultura de ciudadanía responsable en la que todos seamos iguales para recibir y también para contribuir. Y esta cultura no se debe limitar a unas meras lecciones “de ser buenos y responsables” en el cole; la sociedad genera continuamente esa cultura defraudatoria visibilizada en los medios de comunicación a diario y en la que aparecen como actores los más diversos sujetos, hasta políticos. Esta visibilización y su castigo tienen que verse reales para que puedan generar un efecto coercitivo y ahí, en nuestra sociedad actual, está uno de los principales problemas, el que se trasmita y se vea una cierta impunidad en muchos casos, con lo que … “tonto el último”.

 

La segunda fórmula de combatir el fraude es la clásica y más efectiva, la vigilancia, la Inspección de Trabajo. En este caso, como en situaciones muy parecidas en otros tiempos, el grave problema es la escasez de medios, sobre todo humanos, que tiene la Inspección de Trabajo.

 

Son las dos fórmulas que existen, ni mágicas ni complejas. Sólo falta voluntad.

 

Pues bien ahora, surge el problema de ciertos comportamientos irregulares a mayores y bajo el paraguas de la figura del TRADE, autónomo dependiente. Esta figura está perfectamente identificada y delimitada en el Estatuto del Trabajador Autónomo, así como en las matizaciones que tanto la jurisprudencia como en el día a dia de las actuaciones inspectoras se han ido estableciendo.

 

Sin embargo el planteamiento que ahora está “de mode” es que como en algunos casos se está haciendo un uso fraudulento de la medida (“tarifa plana”) la solución más fácil, es eliminar la formula. Es decir, y como ya indique en otras ocasiones, para el legislador le resulta más fácil o práctico “si duele la cabeza, lo más fácil es cortarla, automáticamente deja de doler”.

 

Y no es la primera vez que se da esta situación. Recordemos la fórmula del “pago único”, según la cual, el desempleado podía utilizar el acumulado de su prestación de desempleo a fin de disponer de ella para la inversión que pudiera necesitar en su actividad autónoma o, incluso como actualmente, poder dedicar aquella cuantía al pago de sus cuotas de autómos.

 

¿Qué pasó?. Se dio una situación similar a la de la tarifa plan, el uso fraudulento, en contadas ocasiones, de aquella medida, con lo que se aplicó la misma “fórmula mágica”, que, nuevamente, ahora se pretende de forma tan burda, con la cual algunos creen resolver los problemas de éste país. Tengo un problema, tengo un dolor de cabeza, corto por la sano, y resuelto. Por suerte, pasado un largo tiempo, alguien volvió a entender que era una fórmula muy buena de resolver dos problemas, desempleo y creación de puestos de trabajo, y se recuperó aquella vieja fórmula del “pago único”. Esperemos que en este caso no ocurra lo mismo y evitarnos ir a la “repesca” de la medida dentro de unos años.

 

Insisto, el problema tiene dos soluciones, educación e inspección. No vayamos a lo fácil.


Artículo publicado en la Asesoría del Diario (sección economía) el 02.09.2018
23 de agosto de 2018

GRADUADOS SOCIALES CELEBRAN LA SENTENCIA DEL TC QUE OBLIGA A LOS FUNCIONARIOS A COLEGIARSE


GRADUADOS SOCIALES CELEBRAN LA SENTENCIA DEL TC QUE OBLIGA A LOS FUNCIONARIOS A COLEGIARSE El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha expresado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional determina que la colegiación de determinados empleados públicos es obligatoria, “lo que ratifica la garantía de los colegios profesionales y pone en valor la labor profesional de nuestro sistema de corporaciones profesionales, esenciales para un correcto desempeño de la prestación de servicios a la sociedad”, ha señalado el presidente de este colectivo de operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez.
La sentencia del TC establece la colegiación obligatoria al personal de la Administración pública a raíz de la ley cántabra que exime de la colegiación obligatoria a los veterinarios funcionarios, cuyos preceptos han sido anulados por el Constitucional.
El representante de los 9 mil graduados sociales de Andalucía destaca que esta sentencia no exceptúa a los empleados públicos de la necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios profesionales en la Administración Pública. “La relación funcionarial no exime de la pertenencia obligatoria a los colegios profesionales, como garantes de que el ejercicio de las profesiones adscritas a este sistema que garantiza el ejercicio de sus competencias de manera homogénea”, explica José Blas Fernández.
La exigencia de la colegiación obligatoria de determinados colectivos para poder ejercer su actividad «es una garantía de equiparación de todos los profesionales en el ejercicio de su labor y prestación de servicios a la sociedad”.
Nuestros colegios de Graduados Sociales, como el resto de corporaciones profesionales, son garantes de que se ejerza una determinada profesión de manera independiente, soportada por una estructura que defienda los intereses de los colegiados,  pero con la premisa de velar por la correcta prestación de las competencias profesionales a nuestros destinatarios finales, la sociedad, sea en el ámbito privado o en el público, con homogeneidad en todo el territorio nacional, como destaca la sentencia del TC”, agrega el presidente del Consejo de los Colegios Profesionales de las ocho provincias andaluzas, Ceuta y Melilla.
ACCESO COLEGIADOS

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