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03 de diciembre de 2019

«¿Y POR QUÉ NO UNA TARIFA PLANA PARA EMPLEADOS DEL HOGAR?», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


«¿Y POR QUÉ NO UNA TARIFA PLANA PARA EMPLEADOS DEL HOGAR?», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS La ya antigua idea de que el sistema de cotización de los trabajadores autónomos sea en función de sus ingresos reales tomó fuerza cuando Magdalena Valerio fue nombrada titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, hasta el punto de que la llevó a debate con las organizaciones representativas de ese colectivo. Pero se ha paralizado, según la ministra por la situación en funciones del Gobierno, aunque la realidad puede ser lo complicado de llevarlo a cabo, porque puede suponer una importante carga de gestión y una difícil aplicación de determinados subsidios. Si no fuera así el debate hubiera continuado para legislar lo acordado, como el Gobierno, aun estando en funciones, ha decretado otras medidas para el ámbito laboral. Por otro lado, doña Magdalena, no parece descartar una petición de ATA, que podría ser debatida en el diálogo social, sobre el establecimiento de una tarifa plana para los autónomos con rendimientos bajos, pues con la normativa actual se puede considerar que cotizan por encima de sus posibilidades. Aunque la misma organización también asume que gran parte de los autónomos cotizan menos de lo que debieran, lo cual quiero entender que le parece mal a la señora, empeñada como está en procurar una mayor recaudación para el sistema.

 

Algo para lo que nadie hace propuestas es la cotización de los empleados de hogar, que cada año va en aumento para ir acercándose a la que se realiza en el Régimen General puro, pero, en principio, sin ajustarse a los salarios reales, sino con cuotas establecidas en diez tramos de retribuciones. Parece adecuado el sistema dadas las características de la prestación de servicios de estos trabajadores, la mayor parte de ellos a tiempo parcial (por horas), pero no lo es tanto la intención de su asimilación al resto de trabajadores por cuenta ajena, porque el empleador, al no ser considerado empresario, no puede deducir gasto alguno de sus rentas, mientras que los empresarios sí las reducen en la suma de los salarios y las cuotas de  Seguridad Social a su cargo. Quizá por eso los dirigentes de Podemos (Pablo Iglesias y Pablo Echenique) entienden que no siempre ha de ser obligatorio dar de alta un asistente personal, ya que lo lógico que hayan de tenerlo las personas dependientes y muchas de ellas no pueden pagarlo, no tampoco sus familias. Así que podría ser interesante estudiar también una tarifa plana para empleados de hogar cuando estos presten servicio exclusivo a personas con dependencia, en razón de este estado.

30 de noviembre de 2019

CÁDIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES ENTREGAN SUS RECONOCIMIENTOS Y REITERAN SU COMPROMISO CON LA JUSTICIA SOCIAL


CÁDIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES ENTREGAN SUS RECONOCIMIENTOS Y REITERAN SU COMPROMISO CON LA JUSTICIA SOCIAL El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha celebrado hoy en el salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz la solemne ceremonia de entrega de sus galardones anuales, con motivo de la festividad de su patrono, San José Artesano, un acto que sirve cada año como marco para la jura o promesa de los nuevos colegiados y para reiterar el compromiso de estos profesionales con la Justicia Social.

Han presidido el acto la presidenta de la Sala de lo social del TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla y representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta, María Begoña Rodríguez Álvarez, acompañada por el presidente de esta corporación profesional, José Blas Fernández Sánchez; la vicerrectora de Política Educativa de la Universidad de Cádiz, Eva Garrido Pérez; el decano de la Facultad de Medicina de Cádiz, Antonio Lorenzo Peñuelas; la magistrada de la sede de lo Social del TSJA, María del Carmen Pérez Sibón; el secretario coordinador provincial de la Administración de Justicia, Pedro Jesús Campoy López y el presidente del  Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, José Ramón Barrera Hurtado.

En la edición de este año, el colegio ha reconocido a tres Colegiados Eméritos: el director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social en Cádiz, Miguel López Aranda; el ex presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo Romero; y José Manuel Seoane Sepúlveda, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera.

Miguel López Aranda es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz con una trayectoria profesional ligada a la Seguridad Social, habiendo ejercido como letrado en Las Palmas, Málaga, Alicante y Cádiz, antes de ocupar el actual puesto como director de la TGSS.

Por su parte, Rafael Hidalgo Romero ha sido presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y posee una dilatada trayectoria profesional y académica (Diplomatura de Graduado Social, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Licenciatura en Derecho). Está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort de Segunda Clase, entre otras importantes distinciones. Ejerce en su despacho como graduado social desde 1994 y como abogado desde 2007. Es igualmente miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, donde es profesor asociado del Departamento de Derecho Público del Área Procesal.

José Manuel Seoane Sepúlveda, por su parte, es letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y pertenece al Cuerpo de las Cortes de Secretarios Judiciales desde el año 2000.
El presidente del Colegio, José Blas Fernández, ha sido el encargado de pronunciar las laudatios de los homenajeados, poniendo de manifiesto la estrechísima relación que les une con esta corporación de profesionales y operadores jurídicos del Orden Social.  
Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo

Es tradición en esta ceremonia hacer entrega del diploma acreditativo de la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo a los colegiados que cumplen 20 años de pertenencia a la corporación. Este año reciben el diploma José Romero Abad, Manuel Augusto Roca Suárez, Antonio Morales Nadal, Concepción Porras Lima, Elisa Isabel Moreno Pacheco, Rosario Grande Márquez, Miguel Ángel Martín Rodríguez, Beltrán Ysasi Arizón, María de la Caridad Aragón García, Mercedes Sánchez Trujillo, Jesús María Tocino Caucín, María de los Ángeles Cabrerizo Laz, Rafael Castro Cabrera, Rafaela Macías Gamaza, Manuel Santiago Vargas Vázquez, Pedro Pablo Barrios Perles, José Fernando Gómez Vázquez, José Ramón García Mañana,  Javier Ponciano Vidal, Francisco Fernández Corrales, Juan de Mata Valdés Castrillón, Juan Luis Fernández Cerredo, Cristina María González Rodríguez, José Bruzón Gallego, Mercedes Mota Rodríguez y Aberto Ruiz Curral.

La cita anual ha contado con la asistencia de los presidentes de los Colegios de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares; Almería, María del Mar Ayala Andújar; el tesorero del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz Vega, y la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Socorro Montoya Sánchez, junto a una nutrida representación de la jurisdicción del Orden Social, magistrados, colegiados y agentes sociales.

Nuevos Graduados Sociales

Los asistentes han sido testigos de la solemne jura o promesa de los nuevos graduados sociales que se incorporan al colegio como operadores jurídicos de pleno derecho: Beatriz Álvarez Corbacho, Francisco José Castillo García, Alejandro Jesús Ferrer Ruiz, Carmen Dolores Ganfornina Rivas, Mario González Dávila, Francisco David Lara Núñez, Virginia María Leal Ramírez, María de los Ángeles Oliva López, Natalia Quiñones García, Josefa María Ramírez Moreno, Juan María Roldán Conesa y Rafael Troya García. José Blas Fernández les ha animado a perseverar en el ejercicio de la profesión sin perder de vista el Colegio, “porque el día a día no es fácil y podréis contar con nuestro apoyo y la necesaria formación continua, imprescindible en un mundo laboral tan cambiante como el actual”.

“La Justicia Social que está en el centro de nuestro emblema”

“El Colegio juega un papel esencial en la defensa de la profesión y su rol como operadores jurídicos, Como corporación de derecho público tratamos de aportar a la sociedad nuestro granito de arena, con nuestro compromiso ineludible a la Justicia Social que está en el centro de nuestro emblema. Tenemos una situación de observación privilegiada de la situación de las empresas, del mercado laboral y de las demandas de formación que se exigen hoy en día en un entorno global y competitivo como en el que nos encontramos”, ha señalado el presidente,

Posteriormente, los graduados sociales se han reunido en una celebración corporativa en el Baluarte de Los Mártires en la que se han hecho entrega de distinciones a profesionales con una trayectoria destacada en forma de Medallas de Oro, Plata y Bronce a los colegiados con 35, 25 y 15 años de colegiación.
26 de noviembre de 2019

CÁDIZ: PRESENTADO EL LIBRO “ABOGACÍA, GRADUADOS SOCIALES Y PROCESO LABORAL”


CÁDIZ: PRESENTADO EL LIBRO “ABOGACÍA, GRADUADOS SOCIALES Y PROCESO LABORAL” En el marco de la “Jornada Técnica para Profesionales de las Relaciones Laborales 2019”, celebrada bajo la organización del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, se ha llevado a cabo la presentación la presentación del libro “Abogacía, Graduados Sociales y Proceso Laboral” editado por Tirant Lo Blanch, de los autores José María Roca Martínez, Ana Mª Orellana Cano, Fernando Sicre Gilabert, Carlos Zabala López-Gómez, Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Raúl Boo Vicente, Ángel De Álvaro Montero, Juan Carlos Cabrera Pascua, Iván Díaz Tamargo, Sergio Ponce Rodríguez, Carlos Nacenta Mora y Luis Tejedor Redondo.
26 de noviembre de 2019

«AHORRAR PARA LA JUBILACIÓN, UN CONSEJO INTERESADO», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


«AHORRAR PARA LA JUBILACIÓN, UN CONSEJO INTERESADO», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS La idea de un sistema de ahorro obligatorio complementario de las pensiones, aunque parece buena, se enfrenta en la práctica a considerables obstáculos. Sería más razonable una aportación Estatal al sistema público de pensiones cuya pervivencia hay que procurar.   Recientemente el director general de Economía y Estadística del Banco de España ha pedido reformas de calado para garantizar la viabilidad social y financiera del sistema público de pensiones por el previsible incremento del gasto que supondrá en las próximas décadas el aumento de la tasa de dependencia, la mayor esperanza de vida y la jubilación. Paralelamente, en una jornada sobre pensiones, un grupo de expertos en seguros, ahorro y las pensiones privadas ven la solución en la previsión social complementaria, de forma que las empresas aporten una cantidad a un fondo para los trabajadores, al tiempo que se incentive dicho ahorro por parte de los empleados de cara a su jubilación.   Desde el Banco de España se cree necesario lograr acuerdos amplios para garantizar la viabilidad del sistema público, que habrán de hacerse entre la Administración de la Seguridad Social y los agentes sociales. Pero desde el sector privado experto en gestión de planes de pensiones, se estima más beneficioso, tanto para la pervivencia del sistema como para las rentas de los trabajadores una vez jubilados, impulsar la previsión privada. A ser posible, de forma obligatoria, ya que estadísticamente se ha comprobado que un 56% de los trabajadores no ahorran de ninguna manera, lo cual, obviando la dificultad que tienen para hacerlo con sus sueldos, se ha llegado a decir que se debe a que no cuentan con la suficiente educación financiera ni sobre el sistema de pensiones por no informarles bien el Gobierno sobre las prestaciones públicas que les corresponderán.  

Nadie duda de que el ahorro es bueno para el futuro, pero obligar a que los trabajadores lo hagan no sería justo, aunque tuvieran beneficios fiscales, que podrían consistir en que el importe de sus aportaciones redujera el bruto de las retribuciones sujetas al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o que las pensiones complementarias que resultasen no estuvieran sujetas al citado impuesto. Como tampoco lo sería imponer una aportación especial por parte de las empresas, que se sumaría a la importante que ya hacen en concepto de cuotas a la Seguridad Social. Así que establecer un sistema complementario de pensiones de forma generalizada desde el ámbito político podría ser más efectivo que el voluntario actual, pero hacerlo sería muy difícil sin lesionar intereses de los afectados.

  Ahora, además de los planes de ahorro individual, existen los de empresas (generalmente las de gran tamaño) establecidos mediante la negociación colectiva, pero eso llevado de forma obligatoria a los convenios colectivos sectoriales podría ahogar a las pequeñas, que son las que más trabajadores emplean en España, a la vez que mermaría las retribuciones dinerarias de los empleados. Y si para ayudar hubiera de intervenir el Estado no podría ser de otra manera  que con beneficios fiscales para compensar las cesiones que habrían de hacer las dos partes de la negociación. Porque una aportación a través de un impuesto generalizado no resultaría justa por no beneficiar a toda la ciudadanía. Aparte de que sería más razonable hacerla al sistema público de pensiones, cuya pervivencia es lo que hay que procurar, como recomienda el Banco de España y el sentido común.
25 de noviembre de 2019

CÁDIZ: GRADUADOS SOCIALES Y EL CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA


CÁDIZ: GRADUADOS SOCIALES Y EL CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA Representantes y expertos del ámbito social y laboral de nuestra comunidad autónoma han participado hoy en la “Jornada Técnica para Profesionales de las Relaciones Laborales 2019 de Andalucía”, un encuentro organizado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales celebrada en el marco de la colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
La jornada, desarrollada en la sede de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, ha abordado temas de máxima actualidad para este colectivo andaluz de profesionales y operadores jurídicos del Orden Social. Han intervenido como ponentes Eduardo Candau Camacho, secretario general del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que ha disertado sobre “Los sistemas autónomos de solución de conflictos: el SERCLA”; y María del Carmen Pérez Sibón, magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que ha abordado el tema “La adaptación de jornada: análisis desde el marco normativo y jurisprudencial”.
El presidente del de los colegios andaluces, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado en la apertura del encuentro “el importante rol que juega el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para facilitar la consulta y la cooperación entre la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales y sindicales, una relación en la que intervenimos los más de 9.700 graduados sociales de nuestra comunidad como expertos y operadores del Orden Social”.
“Esta jornada es una excelente oportunidad para elevar propuestas referidas a política laboral o social por parte de quienes, día a día, estamos en contacto con las empresas y los trabajadores, en materias como la negociación colectiva, la mediación y el arbitraje en los conflictos colectivos”, ha destacado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios.
Por su parte, el presidente del CARL, Ángel Gallego, ha asegurado que “estamos a disposición de los graduados sociales para la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”, Ángel Gallego, ha puesto en valor “el papel de estos profesionales, que asesoran especialmente a las pequeñas y medianas empresas que conforman el 90 por ciento de nuestro tejido productivo”.
En la jornada han participado también el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Cádiz, Alberto Cremades, y el jefe provincial de la Inspección de Trabajo, Eugenio Santa Bárbara Martínez.
La colaboración que mantienen los graduados sociales con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) es necesaria para el reciclaje de temas de actualidad y a compleja situación que el mercado laboral tiene hoy en día.
ACCESO COLEGIADOS

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