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25 de octubre de 2019

HOMENAJE A RAFAEL HIDALGO, EX PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA

El Casino de la Exposición de Sevilla fue el escenario del  multitudinario almuerzo en homenaje a Rafael Hidalgo Romero, Ex Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. 
La comisión organizadora del acto preparó un emotivo  encuentro donde compañeros, autoridades, profesores, amigos y familia pudieron rendirle un merecido reconocimiento por toda su trayectoria como presidente de esta entidad.
Entre todas las instituciones que acudieron al acto podemos destacar a la Representante del Poder Judicial  en Andalucía Occidental, Begoña Rodríguez, el Juez Decano de los Juzgados de Sevilla, Francisco Guerrero, el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez, la Fiscal Territorial de Sevilla , Ana Hermosa,  el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España,Ricardo Gabaldón;  el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, José Blas Fernández , los colegios provinciales de Cádiz, Málaga, Almería y Granada, el Colegio de Abogados de Sevilla, el Colegio de Procuradores de Sevilla, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, el Colegio de Agentes Comerciales, el Colegio de Economistas de Sevilla,   la Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide,  el Circulo Mercantil de Sevilla, el Ateneo de Sevilla, Banco Sabadell,  Mutua CESMA, Ibermutua, Asepeyo o MC Mutual, entre otros.  Tampoco quisieron perderse el acto, magistrados,  y trabajadores de la Jurisdicción Social , abogados, procuradores y  compañeros de la Universidad Pablo de Olavide y , como no, sus compañeros Graduados Sociales, con miembros de todas sus Juntas de Gobiernos, así como el personal del Colegio y su familia.
Desde estas líneas nos sumamos al agradecimiento a quien ha sido presidente del Colegio de Sevilla dedicando su esfuerzo a la mejora de nuesrtra profesión.

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22 de octubre de 2019

TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL PLENO DE NUESTRO CONSEJO

El Pleno de nuestro Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales celebró el pasado jueves reunión de su pleno en el salón de los Reyes del Ayuntamiento de Antequera, en la tarde previa al solemne acto de entrega del II Premio Justicia Social al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, el magistrado Francisco Javier Vela Torres.
En esta reunión se llevó a cabo el juramento y toma de posesión del presidente Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, José Ramón Barrera Hurtado, como Vocal Nato; y de Ana María Ruiz Girona, vicepresidenta 2ª del mismo Colegio, como Vocal Electa de Sevilla.
Nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez, acompañado del resto de componentes del pleno: comisión permanente, vocales natos y vocales electos, destacó las semblanzas de los nuevos miembros del Consejo, animándoles a perseverar “en la defensa de nuestra profesión jurídica, poniendo a disposición de la sociedad nuestros conocimientos y la garantía de para el interés general de los Andaluces”.
La composición del nuevo pleno está disponible en este enlace de nuestra web:
https://www.consejoandaluzgraduadossociales.com/es/composicion.aspx

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22 de octubre de 2019

"TAREAS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA", POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS

No siempre se prevén las consecuencias últimas de lo que se legisla; y lo grave es que, si tiene algún inconveniente, se ven afectados por lo legislado tardan en reaccionar para solucionarlo o no le dan la importancia que merece. El último aumento del salario mínimo interprofesional es un ejemplo de ello.   Al parecer, lo que los dirigentes de las organizaciones sindicales  mayoritarias reivindicaron en su reunión con Pedro Sánchez, en agosto, por si éste vuelve a ser investido como presidente del Gobierno, es la derogación de buena parte de nuestra legislación laboral y un considerable aumento del salario mínimo interprofesional. Es decir, nada nuevo. 
A pesar de que en lo que deberían incidir es en recuperar fuerza en la negociación colectiva para ajustar los convenios a lo que el Gobierno del señor Sánchez ha ido legislando mediante decretos-leyes y en sus expectativas de potenciar los convenios sectoriales sobre los de empresa.
Los sindicatos conjuntamente con las organizaciones empresariales deben estudiar la repercusión que ha tenido en las empresas el aumento de 675 a 900 euros el salario mínimo, especialmente en las pequeñas. No sólo en cuanto al coste económico del mismo, sino también en la aceptación de la medida por los trabajadores más cualificados. Porque puede darse la circunstancia de que en el salario establecido en los convenios  para técnicos y oficiales en sus diferentes escalas (principalmente de primera) haya quedado muy cercano al salario que han de percibir otros trabajadores con inferior categoría por su menor o nula preparación y sin determinadas responsabilidades en el desempeño de su actividad. Lo cual puede ser un inconveniente si no para su rendimiento, sí para que consideren que su trabajo no se trata con la dignidad que desde el Gobierno y las organizaciones sindicales pregonan que debe tener.   
Para evitar ese problema habría que aumentar las condiciones salariales de los convenios colectivos, pero no es tarea fácil. Porque eso revertiría en un importante gasto para las empresas. Mucho más que el incremento del salario mínimo, pues retribuir la capacidad de cada categoría afectaría a mayor número de trabajadores; aunque sólo fuese manteniendo las diferencias salariales  existentes entre categorías antes del establecimiento del salario mínimo en 900 euros mensuales, ya que a esas diferencias hay que aumentar la aportación empresarial a la Seguridad Social que está por encima del 30% de las mismas.   
Aparte de eso, debe incluirse en la negociación colectiva mecanismos para el control de la jornada laboral con el fin de evitar tanto los abusos de los empresarios como posibles sanciones a los mismos en posibles inspecciones de servicios de difícil control.   
Enrique García Tomás fue Secretario del Consejo General de Graduados Sociales y es Colegiado Emérito del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz  

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18 de octubre de 2019

LOS GRADUADOS SOCIALES CONCEDEN AL PRESIDENTE DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TSJA EL II PREMIO “JUSTICIA SOCIAL ANDALUZA”

Los graduados sociales andaluces han concedido hoy el premio “Justicia Social Andaluza” al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, el magistrado Francisco Javier Vela Torres,” en reconocimiento de su trayectoria y destacada figura jurídica del Orden de lo Social.

En una ceremonia celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Antequera, presidido por su alcalde, Manuel Jesús Barón Ríos, se hecho entrega de este galardón que cumple su segunda edición tras el premio otorgado el año pasado a Joaquín Galán Pérez como primer consejero de Trabajo, Industria y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.

El premio se concede “por lo méritos que concurren en su favor, su aportación a la Justicia Social, su trabajo y actuaciones sociales y profesionales”, según el acta de concesión, acordada en reunión del pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, en representación de los más de 9 mil colegiados de nuestra comunidad.

Los graduados sociales andaluces premiarán así a una destacada figura jurídica del Orden de lo Social. Vela Torres ingresó en la carrera judicial en 1979. Ascendió a magistrado en 1986, siendo destinado al juzgado de instrucción 18 de Barcelona y posteriormente al juzgado de lo social 6 de Málaga. En 1991 fue destinado a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sede de Málaga, donde ha permanecido ininterrumpidamente desde esta fecha. Preside dicha Sala desde el año 2004. Es miembro de la Sala de Gobierno del TSJA y, por elección del CGPJ, es el Representante del Poder Judicial en Málaga. Es coautor de diversos libros sobre Derecho Laboral y profesor asociado del departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Málaga. Miembro permanente del Foro Aranzadi Social, es autor de numerosos libros y ponente destacado en cursos de formación y congresos jurídicos.

La ceremonia ha congregado a una nutrida representación de operadores jurídicos, representantes institucionales y sociales.  Junto al alcalde de Antequera, han presidido la ceremonia el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo López, y la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta, María Begoña Rodríguez Álvarez.

Entre los asistentes han estado la vicepresidenta del Consejo Andaluz y presidenta del Colegio de Almería, María del Mar Ayala Andújar; el secretario general, José Ramón Barrera Hurtado y los presidentes de los colegios de Córdoba, Araceli Raéz Pérez; Granada, José Esteban Sánchez Montoya; Jaén, Francisco A. Rodríguez Növez y Málaga/Melilla, Juan Fernández Henares.

El presidente del Consejo de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado la figura del premiado “ya que su trayectoria como magistrado siempre ha estado vinculada a la Justicia Social, de la que es una pieza fundamental en Andalucía a lo largo de cuatro décadas de ejercicio”.

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15 de octubre de 2019

“MEJORA DE PENSIÓN SIN EFECTO APRECIABLE”, POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS

A veces ocurre que se debido a sentencias judiciales hay que reformar alguna norma legal poco clara para evitar que se produzca a lo que obliga el fallo de las mismas y otras para enmendar lo legislado por no resultar justo. Pero eso no siempre tiene efectos prácticos apreciables.
Como consecuencia de haber sido anulado por el Tribunal Constitucional el sistema de cálculo establecido para la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, el cual reducía el periodo cotizado computable en función de la citada parcialidad  por aplicarse al mismo unos índices correctores, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene que aplicar, desde el día 12 de agosto último, un sistema idéntico al que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene para el reconocimiento de la prestación por desempleo, consistente en que cada día en alta se considere día cotizado, con independencia del número de horas trabajadas. Esa aplicación la hará también en los expedientes que hayan sido recurridos antes de la citada fecha y todavía no haya  resuelta la reclamación o no sean firmes por no haber transcurrido el plazo para formular demanda judicial. Eso, en gran parte de los casos,  va a tener más trascendencia para la economía del sistema público de pensiones que para los interesados, porque muchas de las referidas pensiones tienen complementos para alcanzar las cuantías mínimas que cada año se establecen en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que seguirán teniendo el mismo importe para su perceptor, pero el gasto para la Seguridad Social será más alto porque la pensión inicial resultará mayor, mientras que la aportación del Estado para garantizar esas cuantías mínimas (que no se financia con las cotizaciones efectuadas) será menor de la que viene sufragando, al tener más importe la pensión  a completar, que sí se sujeta al sistema de reparto.
Quienes sí verán aumentada su percepción serán aquellos que además de la pensión de jubilación que va a ser mejorada cobren alguna otra (la de viudedad es lo habitual) por cuyo motivo no les haya sido  de aplicación la garantía de mínimos por superar el importe de estos con la suma de ambas; o se les haya aplicado en el tope establecido y a pesar de ello no llegaban a percibir la cuantía mínima. Así como aquellos, supuestamente pocos, que hayan trabajado a tiempo parcial con salarios muy altos, siempre o alternando con trabajos a tiempo completo; casos estos últimos que no se compadecen con el espíritu de la sentencia anulatoria del Tribunal Constitucional, dictada para evitar una discriminación: la referida a que sus restricciones afectaban a un mayor número de mujeres que de hombres. Además, obvia su aplicación al cálculo de la pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, lo cual tampoco tiene demasiada trascendencia habida cuenta que la base reguladora de la misma está relacionada con la posible de jubilación.  
ENRIQUE GARCÍA TOMÁS fue Secretario del Consejo General de Graduados Sociales y  es Colegiado Emérito del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz

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