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30 de septiembre de 2019

CADIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES EXPRESAN AL GOBIERNO SU PREOCUPACIÓN POR EL BREXIT Y SE OFRECEN A COLABORAR COMO EXPERTOS EN LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS


CADIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES EXPRESAN AL GOBIERNO SU PREOCUPACIÓN POR EL BREXIT Y SE OFRECEN A COLABORAR COMO EXPERTOS EN LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha trasladado hoy al subdelegado del Gobierno de la Nación, José Antonio Pacheco, su preocupación por los efectos del Brexit en la provincia y el Campo de Gibraltar. En un encuentro de trabajo mantenido esta mañana con una delegación de la junta de gobierno del Colegio, su presidente, José Blas Fernández Sánchez, le ha ofrecido “la colaboración leal de nuestros profesionales y operadores jurídicos, que conocen a la perfección la situación real de las empresas y trabajadores de la comarca”.
José Blas Fernández ha puesto a disposición del Gobierno “nuestra experiencia en el contacto del día a día de los sectores y personas más vulnerables a un posible Brexit duro”, solicitando del subdelegado “la máxima información posible, en el ámbito de sus competencias, para intentar ayudar al máximo en la medida de nuestras posibilidades”.
Durante la reunión, a la que han asistido también el vicepresidente segundo del Colegio, Juan Carlos Cabrera Pascua y el interventor-contador, Manuel Fraga Núñez, se han abordado otros temas de interés para estos profesionales del Orden Social y Laboral. “Hemos solicitado al subdelegado que, por parte de la administración, se adopten medidas para luchar contra el intrusismo profesional, para que personas que carecen de titulación y preparación adecuadas no puedan realizar trámites en nombres de terceros o empresas”, ha explicado el presidente.
Por otro lado, se ha insistido en la necesidad “de dotar de más personal técnico especializado a la administración de la Seguridad Social. Con el número actual no se da abasto para contestar reclamaciones previas, lo que nos obliga a los profesionales a acudir a los tribunales de lo Social ante la falta de respuesta”, ha señalado José Blas Fernández.
También se ha ofrecido al subdelegado el conocimiento y preparación de los graduados sociales, para que se cuente con ellos como peritos especialistas en asuntos como la lucha contra el fraude, en cuya mesa provincial han solicitado estar, junto a otros representantes y agentes sociales.
Una última petición de estos profesionales ha sido la referida a la lucha contra la economía sumergida y, en consecuencia, también contra el mencionado fraude a la Seguridad Social. “Podemos aportar una visión relevante en estos temas. A fin de cuentas, somos los profesionales que más cerca estamos de la realidad laboral de las empresas”, ha manifestado el presidente del Colegio.
19 de septiembre de 2019

CÁDIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES REITERAN AL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SU PREOCUPACIÓN POR EL RETRASO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA


CÁDIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES REITERAN AL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SU PREOCUPACIÓN POR EL RETRASO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reiterado su preocupación por la incertidumbre que rodea al proyecto de la Ciudad de la Justicia y ha instado al Ayuntamiento de Cádiz a completar los trámites necesarios para que la Junta de Andalucía pueda conocer el emplazamiento definitivo de este equipamiento judicial, “que va a cumplir 18 años de inacción por parte de las administraciones públicas”, ha señalado el presidente de esta corporación de operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez.
En un encuentro mantenido en Granada con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, con motivo de la apertura del año judicial, José Blas Fernández ha podido transmitir al responsable autonómico de Justicia la preocupación del colectivo profesional que representa por la falta de avances en este proyecto. “Año tras año se consignan cantidades en los presupuestos que no se utilizan ante la falta de decisión del Ayuntamiento de Cádiz, que sigue deshojando la margarita sobre el emplazamiento de la Ciudad de la Justicia”, señala el presidente de los graduados sociales.
 “Cádiz no puede estar más tiempo sin sedes judiciales dignas”, ha remarcado José Blas Fernández. “Las instalaciones actuales están dispersas y mal acondicionadas, lo que no es de recibo 18 años después del primer anuncio de la Ciudad de la Justicia, ni para los profesionales, ni para los justiciables y ciudadanos, muy especialmente”, ha añadido el presidente de los graduados sociales.
“Esta situación no es seria. Estamos ante constantes retrasos que puede demorarse aún más si pasa 2019 sin que la Junta de Andalucía ejecute la partida reservada para el proyecto de ejecución”, ha indicado. En el encuentro con el vicepresidente de la Junta, el presidente del Colegio de Graduados Sociales le ha pedido que siga insistiendo ante Ayuntamiento de Cádiz para que desbloquee la actual situación de parálisis. “Queremos que no se lancen más globos sonda sobre un asunto tan importante como éste, que nos vendieron hace 18 años a bombo y platillo y del que nunca más se supo”, ha indicado el presidente del Colegio, ofreciéndose a mediar y aportar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, “un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”. Esta oferta de colaboración, no obstante, se debe realizar desde la seriedad, no a base de “globos sonda de unos y otros”.
13 de septiembre de 2019

CÁDIZ: EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES COORDINA CON LAS MUTUAS LAS RELACIONES CON LA PROFESIÓN


CÁDIZ: EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES COORDINA CON LAS MUTUAS LAS RELACIONES CON LA PROFESIÓN

 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reunido en su sede a los directores y responsables de las Mutuas de Trabajo de la provincia de Cádiz, convocada para abordar las relaciones con los profesionales y operadores jurídicos del Orden Social y Laboral.

 

En el encuentro, el presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha recalcado las actuales competencias de las mutuas, que tienen una relación muy directa con el funcionamiento y desenvolvimiento de los despachos jurídicos de los graduados sociales. “Nuestra corporación quiere mantener una relación fluida con las mutuas, motivo por el que hemos organizado esta jornada de puesta de común”, señala.
Uno de los aspectos más importes que se han planteado a nivel colectivo durante este encuentro ha sido la coordinación de las mutuas de cara a la organización de encuentros formativos, de actualización normativa que sirvan para marcar criterios sobre las novedades del sector.
Estas acciones se coordinarán también a través de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y, del mismo modo, con los servicios de prevención.
Han asistido a este encuentro, junto al presidente, José Blas Fernández,  y el vicepresidente segundo del Colegio, Juan Carlos Cabrera Pascua, los siguientes directores de mutuas: José María Pérez Tocornal, ASEPEYO; Ricardo Vidal Verdú, FREMAP; Felipe Bononato, Ibermutua; Manuel Alonso Gaztelu, MC Mutual; José Antonio Ruiz Curral, Mutua Universal; Marisa López Serrano, CESMA; y Juan Antonio Pestaña Blanco, Mutua MAZ.   El presidente del Colegio ha agradecido la presencia de estos directivos y ha destacado la importancia de llevar a cabo estos encuentros de “análisis de nuestra relación con unas instituciones clave de nuestro desempeño, con las que estamos dispuestos a colaborar para la mejora técnica y profesional”. 
28 de agosto de 2019

EL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES


EL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha mostrado hoy su preocupación tras conocerse los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que señalan un incremento del 5% en el gasto en pensiones, para alcanzar otro máximo: 9.681 millones de euros. Se suman así 43 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.
El presidente del Consejo, José Blas Fernández Sánchez, ha mostrado la preocupación de estos profesionales y operadores jurídicos del orden social y laboral en relación a la sostenibilidad del sistema público, “objeto de una gran preocupación entre la ciudadanía, que detectamos en nuestros despachos porque los graduados sociales somos los únicos profesionales facultados, por ley, para representar a cualquier persona en la gestión de sus prestaciones por jubilación”.
“Constantemente nos llegan consultas y dudas sobre el futuro del sistema de pensiones, dependiente de la Seguridad Social, y de la merma del Fondo de Reserva, con proyecciones sobre su posible agotamiento en un corto plazo de tiempo”, subraya.
Estos profesionales quieren poner en marcha en los próximos meses un debate social en nuestra comunidad sobre la sostenibilidad de un sistema que comprende distintas clases de prestaciones: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, etc., “que salen de la misma hucha de manera creciente, mientras las aportaciones se reducen”, destaca el presidente del Consejo.
“Hay que analizar seriamente las proyecciones de ingreso del sistema y cruzarlas con los datos de tendencia demográfica e incremento de la edad media de lo población, que superará los 50 años en solo una década, reduciéndose paulatinamente la base de personas en edad de trabajar y contribuir al sistema de pensiones", sostiene José Blas Fernández.
El presidente de los graduados asegura que el tema de las pensiones se merece un debate profundo en el que se pueda conocer la opinión de expertos. "Hay muchas palancas que tocar: algunas voces sostienen que se debe excluir del sistema público de las pensiones las de viudedad y orfandad", añade.
Los sistemas de inspección, las proyecciones de futuro con las contribuciones actuales, la baja natalidad, la compatibilidad de trabajar y cobrar la jubilación o la lucha contra el fraude son otros de los temas que deben formar parte de este debate sobre el futuro de las pensiones.
La preocupación de este colectivo, que presenta a más de 9 mil profesionales en Andalucía, se extiende al desequilibrio existentes entre comunidades autónomas. Mientras que la pensión media en el País Vasco asciende a 1.233,41 euros al mes, en Andalucía es de 889,3 euros, entre las más bajas de España junto a Galicia y Murcia.
12 de agosto de 2019

EL CONSEJO ANDALUZ DE GRADUADOS SOCIALES SE ADHIERE A LA RED ANDALUZA DE ENTIDADES CONCILIADORAS


EL CONSEJO ANDALUZ DE GRADUADOS SOCIALES SE ADHIERE A LA RED ANDALUZA DE ENTIDADES CONCILIADORAS El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales se ha adherido a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras. El objetivo es impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ha señalado su presidente, José Blas Fernández Sánchez, tras firmar el documento de adhesión a esta iniciativa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer.
 Mediante este acuerdo, el Consejo, que representa a más de 9 mil graduados sociales en Andalucía, pretende reforzar su compromiso con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres “como principio universal básico para conseguir equilibrar las relaciones entre géneros, hoy día aún dispares”, destaca su presidente.   La Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC) elaborará y desarrollará medidas enfocadas al fomento de la conciliación y corresponsabilidad de hombres y mujeres en nuestra comunidad. “Como operadores jurídicos y expertos en el ámbito social y laboral, los graduados sociales debemos aportar nuestra visión y contribuir al diseño de escenarios favorables para que hombres y mujeres puedan conciliar sus vidas profesionales y personales de manera equilibrada y corresponsable”, añade José Blas Fernández.   
El Consejo aglutina a todos los Colegios profesionales de Graduados Sociales de Andalucía, Ceuta y Melilla y representa a la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y ante el Consejo General.
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