22 de octubre de 2019
No siempre se prevén las consecuencias últimas de lo que se legisla; y lo grave es que, si tiene algún inconveniente, se ven afectados por lo legislado tardan en reaccionar para solucionarlo o no le dan la importancia que merece. El último aumento del salario mínimo interprofesional es un ejemplo de ello. Al parecer, lo que los dirigentes de las organizaciones sindicales mayoritarias reivindicaron en su reunión con Pedro Sánchez, en agosto, por si éste vuelve a ser investido como presidente del Gobierno, es la derogación de buena parte de nuestra legislación laboral y un considerable aumento del salario mínimo interprofesional. Es decir, nada nuevo.
A pesar de que en lo que deberían incidir es en recuperar fuerza en la negociación colectiva para ajustar los convenios a lo que el Gobierno del señor Sánchez ha ido legislando mediante decretos-leyes y en sus expectativas de potenciar los convenios sectoriales sobre los de empresa.
Los sindicatos conjuntamente con las organizaciones empresariales deben estudiar la repercusión que ha tenido en las empresas el aumento de 675 a 900 euros el salario mínimo, especialmente en las pequeñas. No sólo en cuanto al coste económico del mismo, sino también en la aceptación de la medida por los trabajadores más cualificados. Porque puede darse la circunstancia de que en el salario establecido en los convenios para técnicos y oficiales en sus diferentes escalas (principalmente de primera) haya quedado muy cercano al salario que han de percibir otros trabajadores con inferior categoría por su menor o nula preparación y sin determinadas responsabilidades en el desempeño de su actividad. Lo cual puede ser un inconveniente si no para su rendimiento, sí para que consideren que su trabajo no se trata con la dignidad que desde el Gobierno y las organizaciones sindicales pregonan que debe tener.
Para evitar ese problema habría que aumentar las condiciones salariales de los convenios colectivos, pero no es tarea fácil. Porque eso revertiría en un importante gasto para las empresas. Mucho más que el incremento del salario mínimo, pues retribuir la capacidad de cada categoría afectaría a mayor número de trabajadores; aunque sólo fuese manteniendo las diferencias salariales existentes entre categorías antes del establecimiento del salario mínimo en 900 euros mensuales, ya que a esas diferencias hay que aumentar la aportación empresarial a la Seguridad Social que está por encima del 30% de las mismas.
Aparte de eso, debe incluirse en la negociación colectiva mecanismos para el control de la jornada laboral con el fin de evitar tanto los abusos de los empresarios como posibles sanciones a los mismos en posibles inspecciones de servicios de difícil control.
Enrique García Tomás fue Secretario del Consejo General de Graduados Sociales y es Colegiado Emérito del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz
"TAREAS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA", POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS
No siempre se prevén las consecuencias últimas de lo que se legisla; y lo grave es que, si tiene algún inconveniente, se ven afectados por lo legislado tardan en reaccionar para solucionarlo o no le dan la importancia que merece. El último aumento del salario mínimo interprofesional es un ejemplo de ello. Al parecer, lo que los dirigentes de las organizaciones sindicales mayoritarias reivindicaron en su reunión con Pedro Sánchez, en agosto, por si éste vuelve a ser investido como presidente del Gobierno, es la derogación de buena parte de nuestra legislación laboral y un considerable aumento del salario mínimo interprofesional. Es decir, nada nuevo. A pesar de que en lo que deberían incidir es en recuperar fuerza en la negociación colectiva para ajustar los convenios a lo que el Gobierno del señor Sánchez ha ido legislando mediante decretos-leyes y en sus expectativas de potenciar los convenios sectoriales sobre los de empresa.
Los sindicatos conjuntamente con las organizaciones empresariales deben estudiar la repercusión que ha tenido en las empresas el aumento de 675 a 900 euros el salario mínimo, especialmente en las pequeñas. No sólo en cuanto al coste económico del mismo, sino también en la aceptación de la medida por los trabajadores más cualificados. Porque puede darse la circunstancia de que en el salario establecido en los convenios para técnicos y oficiales en sus diferentes escalas (principalmente de primera) haya quedado muy cercano al salario que han de percibir otros trabajadores con inferior categoría por su menor o nula preparación y sin determinadas responsabilidades en el desempeño de su actividad. Lo cual puede ser un inconveniente si no para su rendimiento, sí para que consideren que su trabajo no se trata con la dignidad que desde el Gobierno y las organizaciones sindicales pregonan que debe tener.
Para evitar ese problema habría que aumentar las condiciones salariales de los convenios colectivos, pero no es tarea fácil. Porque eso revertiría en un importante gasto para las empresas. Mucho más que el incremento del salario mínimo, pues retribuir la capacidad de cada categoría afectaría a mayor número de trabajadores; aunque sólo fuese manteniendo las diferencias salariales existentes entre categorías antes del establecimiento del salario mínimo en 900 euros mensuales, ya que a esas diferencias hay que aumentar la aportación empresarial a la Seguridad Social que está por encima del 30% de las mismas.
Aparte de eso, debe incluirse en la negociación colectiva mecanismos para el control de la jornada laboral con el fin de evitar tanto los abusos de los empresarios como posibles sanciones a los mismos en posibles inspecciones de servicios de difícil control.
Enrique García Tomás fue Secretario del Consejo General de Graduados Sociales y es Colegiado Emérito del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz
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