30 de marzo de 2020
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha alerta hoy de la grave situación de parálisis de la economía como consecuencia de las últimas medidas laborales acordadas, mediante decreto, en relación con la crisis sanitaria del Covid-19.
En este sentido, ha recordado que el 90% de las empresas de nuestro tejido productivo, pymes y autónomos, están abocadas al cierre con la anulación de la causa de fuerza mayor como motivo para llevar a cabo despidos objetivos y la paralización de las regulaciones temporales, los ERTEs.
Los más de nueve mil graduados sociales que ejercen su profesión en Andalucía están “no solo desbordados ante la demanda de gestiones por parte de sus clientes, empresas y autónomos, sino también dando palos de ciego ante medidas, no solo cambiantes, sino contrarias al mantenimiento del empleo en el corto y medio plazo”, señala.
En este sentido, el representante de estos operadores jurídicos considera que los despachos de sus colegiados son, en estos momentos “absolutamente esenciales” y enumera una serie de medidas que el Gobierno “debería al menos oír de quienes estamos, en el día a día, representando a nuestras empresas y autónomos ante las administraciones laborales y fiscales, así como ante los tribunales de Justicia del Orden Social”.
“Antes de decretar el cierre total, el Gobierno debería haber pensado cómo cumplen sus obligaciones laborales y legales las pymes y los autónomos: a través de nuestros profesionales, intermediarios con la Administración. ¿Cómo vamos a irnos de vacaciones retribuidas quienes estas semanas tenemos que gestionar expedientes de regulación de empleo y pago de impuestos y tasas? ¿Y quién asume nuestras vacaciones si somos profesionales autónomos?”, se pregunta José Blas Fernández.
El presidente del Consejo Andaluz cree que se debería adoptar medidas realmente extraordinarias y ágiles de implementar: aplazamiento de obligaciones fiscales durante el período que dure a crisis sanitarias y capacidad para aplicar, de manera inmediata, los ERTEs, que son la única vía para garantizar el mantenimiento de empleos.
José Blas Fernández defiende que se anule el trimestre de abril, a efectos de liquidaciones de impuestos, y se haga un semestre excepcional en la fecha del segundo trimestre con aplazamientos de hasta 6 meses. “Una pequeña empresa que no va a generar ingresos en los últimos 15 días no puede dedicar su escasa liquidez en pagar al Estado y abonar despidos improcedentes en una situación de pandemia. Es el mundo al revés, las pymes y autónomos sosteniendo el peso de la crisis, y no las arcas del Estado”, sostiene.
“Como asesores de empresas, estamos desbordados, agotados y, lo que es peor, sin un norte claro. Sin información de los trámites, solo a base de telediarios, sin que después los organismos dispongan de instrucciones claras, sin capacidad de atender. No entendemos por qué no se automatizan los trámites esenciales, especialmente los orientados a salvar a empleadores y empleados. Cuando todo esto pase, los graduados sociales seremos los primeros en cooperar para luchar contra aquellos que hayan aprovechado la situación para defraudar al Estado, que puedo asegurar que serán pocos”, afirma el presidente del Consejo. José Blas Fernández pone un ejemplo del caos que se va a producir en una semana con la liquidación de IVA del segundo trimestre: “Hay pequeños empresarios y autónomos que en sus casas no tienen medios para gestionar sus facturas, las gestionan desde sus negocios, desde donde la hacen llegar a los asesores para realizar los cálculos correspondientes. Por mucho que nos consideren servicios esenciales, ¿qué pasa con nuestros clientes?”.
Y otra casuística: “Las empresas no pueden gestionar la firma presencial de sus trabajadores a la hora de comunicar los ERTEs, porque a partir de esta semana está prohibido salir a la calle”. O ¿cómo gestionamos las ayudas a los autónomos, como los créditos ICO: certificados de titularidad o últimos recibos de la Seguridad Social, en una situación de cierre total?”
A todas estas situaciones se sumará la campaña de Renta. “La inmensa mayoría de las empresas y autónomos la realizan de manera telemática, pero ¿saben cómo? A través de nuestros despachos”, asegura.
EL CONSEJO ANDALUZ DE GRADUADOS SOCIALES RECLAMA MEDIDAS REALMENTE EXTRAORDINARIAS Y ÁGILES DE IMPLEMENTAR PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE EMPRESAS Y EMPLEOS
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha alerta hoy de la grave situación de parálisis de la economía como consecuencia de las últimas medidas laborales acordadas, mediante decreto, en relación con la crisis sanitaria del Covid-19.En este sentido, ha recordado que el 90% de las empresas de nuestro tejido productivo, pymes y autónomos, están abocadas al cierre con la anulación de la causa de fuerza mayor como motivo para llevar a cabo despidos objetivos y la paralización de las regulaciones temporales, los ERTEs.
Los más de nueve mil graduados sociales que ejercen su profesión en Andalucía están “no solo desbordados ante la demanda de gestiones por parte de sus clientes, empresas y autónomos, sino también dando palos de ciego ante medidas, no solo cambiantes, sino contrarias al mantenimiento del empleo en el corto y medio plazo”, señala.
En este sentido, el representante de estos operadores jurídicos considera que los despachos de sus colegiados son, en estos momentos “absolutamente esenciales” y enumera una serie de medidas que el Gobierno “debería al menos oír de quienes estamos, en el día a día, representando a nuestras empresas y autónomos ante las administraciones laborales y fiscales, así como ante los tribunales de Justicia del Orden Social”.
“Antes de decretar el cierre total, el Gobierno debería haber pensado cómo cumplen sus obligaciones laborales y legales las pymes y los autónomos: a través de nuestros profesionales, intermediarios con la Administración. ¿Cómo vamos a irnos de vacaciones retribuidas quienes estas semanas tenemos que gestionar expedientes de regulación de empleo y pago de impuestos y tasas? ¿Y quién asume nuestras vacaciones si somos profesionales autónomos?”, se pregunta José Blas Fernández.
El presidente del Consejo Andaluz cree que se debería adoptar medidas realmente extraordinarias y ágiles de implementar: aplazamiento de obligaciones fiscales durante el período que dure a crisis sanitarias y capacidad para aplicar, de manera inmediata, los ERTEs, que son la única vía para garantizar el mantenimiento de empleos.
José Blas Fernández defiende que se anule el trimestre de abril, a efectos de liquidaciones de impuestos, y se haga un semestre excepcional en la fecha del segundo trimestre con aplazamientos de hasta 6 meses. “Una pequeña empresa que no va a generar ingresos en los últimos 15 días no puede dedicar su escasa liquidez en pagar al Estado y abonar despidos improcedentes en una situación de pandemia. Es el mundo al revés, las pymes y autónomos sosteniendo el peso de la crisis, y no las arcas del Estado”, sostiene.
“Como asesores de empresas, estamos desbordados, agotados y, lo que es peor, sin un norte claro. Sin información de los trámites, solo a base de telediarios, sin que después los organismos dispongan de instrucciones claras, sin capacidad de atender. No entendemos por qué no se automatizan los trámites esenciales, especialmente los orientados a salvar a empleadores y empleados. Cuando todo esto pase, los graduados sociales seremos los primeros en cooperar para luchar contra aquellos que hayan aprovechado la situación para defraudar al Estado, que puedo asegurar que serán pocos”, afirma el presidente del Consejo. José Blas Fernández pone un ejemplo del caos que se va a producir en una semana con la liquidación de IVA del segundo trimestre: “Hay pequeños empresarios y autónomos que en sus casas no tienen medios para gestionar sus facturas, las gestionan desde sus negocios, desde donde la hacen llegar a los asesores para realizar los cálculos correspondientes. Por mucho que nos consideren servicios esenciales, ¿qué pasa con nuestros clientes?”.
Y otra casuística: “Las empresas no pueden gestionar la firma presencial de sus trabajadores a la hora de comunicar los ERTEs, porque a partir de esta semana está prohibido salir a la calle”. O ¿cómo gestionamos las ayudas a los autónomos, como los créditos ICO: certificados de titularidad o últimos recibos de la Seguridad Social, en una situación de cierre total?”
A todas estas situaciones se sumará la campaña de Renta. “La inmensa mayoría de las empresas y autónomos la realizan de manera telemática, pero ¿saben cómo? A través de nuestros despachos”, asegura.
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