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02 de octubre de 2018

"SALVAR LAS PENSIONES", POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


Me gusta el empuje que tiene la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para salvar las pensiones. Lástima que cuanto dice que es necesario para ello –nada de lo cual es nuevo—no es fácil que pueda hacerse o, si se hace, que sea aceptado de buen grado por la ciudadanía. Reconoce que revalorizar las pensiones conforme al IPC real no es algo ya decidido, sino únicamente una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo; que las rentas de sustitución en que consisten las pensiones resultan, en porcentaje de los salarios dejados de percibir, las más altas de nuestro entorno europeo y que no puede comprometerse a elevar la cuantía de la pensión mínima a 1.080 euros. Aun así entiende que el sistema de pensiones puede mantenerse propiciando planes de empleo, cosa que –opina-- debió acometer el anterior Gobierno, pero olvida que durante los años de la crisis económica  bastante se hizo con no destruir más puestos de trabajo y que la congelación de las pensiones que impuso el Gobierno Zapatero y la exigua revalorización legislada por el de Rajoy fue para no endeudar más al sistema y a la nación, en lo que teníamos que colaborar todos los españoles, tanto trabajadores como pensionistas.   La señora Valerio ha dicho que una vez que acaben los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo --que incomprensiblemente siempre van con retraso-- presentará una ley para reformar el sistema de pensiones. Es de esperar, por el talante de la ministra, que no sea restrictiva, aunque sí dura en su financiación. Al menos, eso se desprende de cómo pretende que sea ésta, basada en el Plan Director de un Trabajo Digno para aumentar las cotizaciones persiguiendo el fraude en la utilización de contratos temporales, la contratación a tiempo parcial y la realización de horas extraordinarias no pagadas, controlando los falsos autónomos y la economía irregular. Lo cual no es fácil ni aun aumentando, como está previsto en el citado plan director, el número de inspectores, porque, entre otras cosas, deberá modificarse el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores para establecer por ley un control estricto  en todas las jornadas laborales, pues el Tribunal Supremo, interpretando ese artículo, tiene sentenciado reiteradamente que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de los horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, cuyo control no suele interesarles tener registrado.   Otra cosa que ha dejado clara doña Magdalena es que no se pueden bajar las cotizaciones, sino que lo necesario es aumentar los salarios para que estas sean más altas. Pero eso no es tan simple ya que el aumento de los salarios supone a las empresas el 23,60% más en concepto de cotización a la Seguridad Social, a lo que se suma otro porcentaje variable para cubrir posibles pensiones de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Quizás por eso también ha dicho que si aun así se precisa más financiación debe conseguirse mediante algún impuesto específico o generalizado para todos los ciudadanos. Una solución solidaria que puede no ser entendida por quienes hayan de soportar un impuesto que no les va a reportar ningún beneficio; de manera que lo más justo parece que fueran los propios trabajadores los que sufragaran algo más sus pensiones. Ahora contribuyen con el 4,70 % del salario y, si ese porcentaje subiera algo (un punto, por ejemplo) a las empresas se les podría rebajar el suyo (en igual porcentaje o algo menor) con el fin de que pudieran aumentar las retribuciones. En el caso de que esto ocurriera, también sería solidario aumentar el tope máximo de cotización conforme al IPC sin que subiera el de la pensión máxima. Al menos, hasta que el sistema dejara de correr peligro.

ENRIQUE GARCÍA TOMÁS

28 de septiembre de 2018

SEVILLA: II JORNADAS SOBRE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


SEVILLA: II JORNADAS SOBRE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Más de 100 personas han asistido las II Jornadas sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.

 

En estas jornadas se han abordado los cambios del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en los últimos años desde puntos de vista jurídico y académico.

 

Graduados Sociales, estudiantes y otros profesionales relacionados con este campo del Derecho, han debatido durante estos dos días, abordando los cambios del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en los últimos años desde puntos de vista jurídico y académico.

 

Junto a Rafael Hidalgo, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, presidieron la mesa de inauguración: el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz; el subdirector general de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social, Felipe Pérez; la presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta, Begoña Rodríguez; el director general de Recursos Humanos de la Delegación de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Partida; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández; y el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y coordinador general técnico de estas Jornadas, Antonio Ojeda.

 

Más información en http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/106270-mas-de-100-asistentes-a-las-ii-jornadas-sobre-derecho-del-trabajo-y-seguridad-social/
24 de septiembre de 2018

PELIGRA EL TRABAJO EN EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


PELIGRA EL TRABAJO EN EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS

Además de propiciar la creación de un grupo de enfermedades profesionales para la actividad de hostelería, cuya plasmación normativa ya ha sido anunciada por el Gobierno,  las quejas por su estatus de las camareras de pisos de hoteles pueden llevar a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el trabajo en las subcontratas.


Hasta que se añada al cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social un nuevo grupo para el colectivo de las camareras de piso, relacionadas con determinados movimientos repetitivos en brazos y manos propios de su trabajo, una resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social permitirá que las mutuas apliquen el reconocimiento de estas enfermedades de manera inmediata. Eso es lo acordado por la Mesa del Empleo de Calidad en la Hostelería, presidida por la Secretaria de Estado de Empleo con la presencia de los agentes sociales y representantes de las Comunidades Autónomas. Pero tal aplicación no es simple, pues se han de seguir los mandatos de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, y sus normas de desarrollo.
Pero además se ha anunciado una revisión de esa actividad laboral, llevada a cabo por empresasnsubcontratadas. Aunque de lo que se ha dicho se desprende que tal modificación se limitará a un añadido en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que establezca la obligación de los subcontratistas de retribuir a sus trabajadores con las mismas cuantías que perciban los de la empresa contratante.
Si eso fuera definitivamente así, podría llevar a la desaparición de no pocas pequeñas empresas que perviven por ser contratadas por otras de mayor tamaño, que generalmente tienen convenio propio más favorable a los trabajadores que el del sector aplicable a las subcontratadas. Porque a las que subcontratan les resultaría más caro seguir haciéndolo que contratar directamente, aunque perderían la ventaja de no tener absentismo laboral, la cual consiste en que las empresas subcontratadas tienen que realizar la labor pactada y mantener en todo  momento el personal necesario, sin incrementar su precio si han de sustituir algún trabajador por enfermedad u otra causa, como puede ser el disfrute de permisos retribuidos. Esa posibilidad también existe contratando a través de empresas de empleo temporal, aunque esto, si se observa la legalidad, sólo puede hacerse de forma temporal y sin  la coordinación profesional  que supone la subcontrata de un grupo de trabajadores, con sus mandos, para prestar un servicio en una empresa de mayor tamaño que con duración indeterminada lo necesite.  
Lo procedente sería que se regularan racionalmente las situaciones en que pueda llevarse a cabo las subcontratas, que lógicamente serían limitadas, y se propiciara  la contratación individual de carácter fijo relajando los condicionamientos para los ceses. Algo que no se hará porque las organizaciones sindicales son contrarias a ello. Pero podría pensarse en recobrar la figura del despido exprés, que desapareció con la última reforma laboral y que consistía en poder cesar a trabajadores pagándoles la totalidad de lo que les correspondería por despido improcedente. De esa manera, aunque parezca extraño, ganaría el trabajador, ya que obligatoriamente cobraría, al menos 33 días por año de servicio, con un máximo de 720 días, en lugar de los 12 que le corresponden ahora por finalización de un contrato temporal. Aparte de que  se ahorrarían trámites administrativos en los órganos de medicación y conciliación, donde además se suelen conciliar indemnizaciones inferiores a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, que se tienen como referencia de máximos porque su cuantía no está sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturalmente, habría que tener un control del pago de las indemnizaciones para que sea válida la situación legal de desempleo. Lo mismo que ya ocurre para las jubilaciones anticipadas denominadas involuntarias.  ENRIQUE GARCÍA TOMÁS

GRADUADO SOCIAL

EX SECRETARIO DEL CONSEJO GRAL.

COLEGIADO EMÉRITO COLEGIO GS DE Cádiz

18 de septiembre de 2018

APERTURA OFICIAL DEL AÑO JUDICIAL EN LA SEDE DEL TSJA EN GRANADA


APERTURA OFICIAL DEL AÑO JUDICIAL EN LA SEDE DEL TSJA EN GRANADA El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, presidió ayer el acto de inicio del Año Judicial en Andalucía, en un acto celebrado en el patio central de la Real Chancillería de Granada y al que asistieron autoridades como el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y la consejera del ramo, Rosa Aguilar.

 

Nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez, asistió a este importante acto en representación de los graduados sociales de Andalucía.

 

El Año Judicial, que arranca el pasado 3 de septiembre, debe avanzar en las mejoras que nuestros profesionales vienen demandando para conseguir más eficacia y calidad de cara a los administrados de la Justicia del Orden Social y Laboral.

 

José Blas Fernández pone de relieve el “deseo de colaboración leal de nuestra profesión en todo aquello que redunde en la mejora de un servicio elemental para la sociedad, como es la Justicia Social y Laboral”.
05 de septiembre de 2018

25 DE SEPTIEMBRE: PLAZO LÍMITE PARA PRESENTAR CANDIDATOS A LOS IX PREMIOS A LA “IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA”


25 DE SEPTIEMBRE: PLAZO LÍMITE PARA PRESENTAR CANDIDATOS A LOS IX PREMIOS A LA “IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA” El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía convoca la IX edición del Premio “Implicación social en las Universidades Públicas de Andalucía”. El certamen persigue reconocer las “buenas prácticas” de colaboración entre las Universidades Públicas de Andalucía, las empresas y otros organismos públicos y privados de su entorno, su contribución al progreso y al bienestar de la sociedad mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del conocimiento, su proyección social y en concreto distinguir a la empresa o institución, instituto universitario, centros de investigación, servicio o departamento, trayectoria de investigadores/as, egresado/a, experiencias de internacionalización que mejor haya articulado y consolidado estas prácticas de colaboración.   El presidente-coordinador del Foro, Prudencio Escamilla Tera –presidente a su vez del Consejo Social de la Universidad de Cádiz- ha destacado la importancia de esta iniciativa, que tiene como objetivo “reconocer aquellos proyectos o programas que transfieran a la sociedad el conocimiento generado en la universidad, bien a través del desarrollo científico, de la innovación, la creatividad o el progreso social”.   Las bases del premio, cuyo plazo de presentación de candidaturas finaliza el 25 de septiembre próximo, recogen que la práctica o experiencia que se presente deberá estar finalizada o materializada en el curso académico 2016-2017 y haber sido desarrollada en el ámbito de Andalucía.   Asimismo, se establecen cuatro modalidades: Premio Implicación Social, dirigido a Institutos universitarios, investigadores/as, centros de investigación, servicios o departamentos de las universidades públicas andaluzas; a empresas y otros organismos públicos o privados; al Egresado/a y a las experiencias de internacionalización de las universidades andaluzas.   Las candidaturas se presentarán ante el consejo social de cualquiera de las universidades públicas de Andalucía, mediante el formulario que se encuentra en la web del Foro (www.consejosandalucia.org), o bien en las webs de los diferentes consejos.   El premio consistirá en una dotación económica de 3.000 € por modalidad, una escultura conmemorativa y un diploma acreditativo.   En la VIII edición del Premio Implicación Social en las Universidades Públicas de Andalucía, entregados en abril de 2017 en Huelva, fueron reconocidos el Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR, de la Universidad de Cádiz, y la empresa granadina Seven Solutions.   Sobre el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía   El Foro fue creado en el curso 2007-2008, con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de proponer líneas de coordinación: facilitar la comunicación entre los distintos consejos sociales de las universidades, aprovechar las sinergias positivas, trabajar en común, intercambiar buenas prácticas y facilitar la interlocución con las distintas administraciones académicas y educativas. En el Foro están representadas las siguientes universidades: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla, Pablo de Olavide (Sevilla), Córdoba, Málaga, Jaén.
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