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04 de septiembre de 2018

“DOLOR DE CABEZA…BANDAZOS LEGISLATIVOS”, POR JOSE Mª CORUJO


“DOLOR DE CABEZA…BANDAZOS LEGISLATIVOS”, POR JOSE Mª CORUJO José María Corujo es Graduado Social y ex vicepresidente del Consejo General  y expresidente del Colegio de Pontevedra.  

Falsos autónomos, autónomos reales, …, ilegalidad, competencia desleal, … Tema en plena cresta de la controversia. ¿Realmente alguien cree que este fenómeno es nuevo?, ¿alguien entiende que el acelerador de los “falsos autónomos” ha sido la tarifa plana en las cotizaciones?, …

 

El pasado día 12 hacia algunas reflexiones sobre el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, Plan que, entre otras cuestiones, de forma genérica aborda “las actuaciones contra los falsos autónomos”. Actuaciones que, dentro de los escasos medios, humanos fundamentalmente, de que dispone la Inspección de Trabajo y S.S., siempre han estado presentes en su actuación.

 

En este momento la discusión, el “tema” en este punto, ya se está centrando y encaminando hacia la eliminación, disminución, recorte de situaciones, …, de una figura creada para incentivar, temporalmente, el autoempleo como autónomo. Desde la Administracion, de Trabajo fundamentalmente, e incluso desde algunas organizaciones de autónomos, se están dejando estos “mensajes”, de los que me preocupa realmente el que se ponga como aparente “solución” al fraude en el trabajo la eliminación o modificación (a menos en su aporte de ayuda al que empieza). Sigo refiriéndome a la actualmente denostada “tarifa plana”

 

Un matiz previo. El fraude siempre ha existido y su “cultura de” está ahí. Eliminarlo, de inicio disminuyéndolo, sólo se puede hacer de dos formas.

 

La primera y básica estableciendo una cultura de ciudadanía responsable en la que todos seamos iguales para recibir y también para contribuir. Y esta cultura no se debe limitar a unas meras lecciones “de ser buenos y responsables” en el cole; la sociedad genera continuamente esa cultura defraudatoria visibilizada en los medios de comunicación a diario y en la que aparecen como actores los más diversos sujetos, hasta políticos. Esta visibilización y su castigo tienen que verse reales para que puedan generar un efecto coercitivo y ahí, en nuestra sociedad actual, está uno de los principales problemas, el que se trasmita y se vea una cierta impunidad en muchos casos, con lo que … “tonto el último”.

 

La segunda fórmula de combatir el fraude es la clásica y más efectiva, la vigilancia, la Inspección de Trabajo. En este caso, como en situaciones muy parecidas en otros tiempos, el grave problema es la escasez de medios, sobre todo humanos, que tiene la Inspección de Trabajo.

 

Son las dos fórmulas que existen, ni mágicas ni complejas. Sólo falta voluntad.

 

Pues bien ahora, surge el problema de ciertos comportamientos irregulares a mayores y bajo el paraguas de la figura del TRADE, autónomo dependiente. Esta figura está perfectamente identificada y delimitada en el Estatuto del Trabajador Autónomo, así como en las matizaciones que tanto la jurisprudencia como en el día a dia de las actuaciones inspectoras se han ido estableciendo.

 

Sin embargo el planteamiento que ahora está “de mode” es que como en algunos casos se está haciendo un uso fraudulento de la medida (“tarifa plana”) la solución más fácil, es eliminar la formula. Es decir, y como ya indique en otras ocasiones, para el legislador le resulta más fácil o práctico “si duele la cabeza, lo más fácil es cortarla, automáticamente deja de doler”.

 

Y no es la primera vez que se da esta situación. Recordemos la fórmula del “pago único”, según la cual, el desempleado podía utilizar el acumulado de su prestación de desempleo a fin de disponer de ella para la inversión que pudiera necesitar en su actividad autónoma o, incluso como actualmente, poder dedicar aquella cuantía al pago de sus cuotas de autómos.

 

¿Qué pasó?. Se dio una situación similar a la de la tarifa plan, el uso fraudulento, en contadas ocasiones, de aquella medida, con lo que se aplicó la misma “fórmula mágica”, que, nuevamente, ahora se pretende de forma tan burda, con la cual algunos creen resolver los problemas de éste país. Tengo un problema, tengo un dolor de cabeza, corto por la sano, y resuelto. Por suerte, pasado un largo tiempo, alguien volvió a entender que era una fórmula muy buena de resolver dos problemas, desempleo y creación de puestos de trabajo, y se recuperó aquella vieja fórmula del “pago único”. Esperemos que en este caso no ocurra lo mismo y evitarnos ir a la “repesca” de la medida dentro de unos años.

 

Insisto, el problema tiene dos soluciones, educación e inspección. No vayamos a lo fácil.


Artículo publicado en la Asesoría del Diario (sección economía) el 02.09.2018
23 de agosto de 2018

GRADUADOS SOCIALES CELEBRAN LA SENTENCIA DEL TC QUE OBLIGA A LOS FUNCIONARIOS A COLEGIARSE


GRADUADOS SOCIALES CELEBRAN LA SENTENCIA DEL TC QUE OBLIGA A LOS FUNCIONARIOS A COLEGIARSE El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha expresado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional determina que la colegiación de determinados empleados públicos es obligatoria, “lo que ratifica la garantía de los colegios profesionales y pone en valor la labor profesional de nuestro sistema de corporaciones profesionales, esenciales para un correcto desempeño de la prestación de servicios a la sociedad”, ha señalado el presidente de este colectivo de operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez.
La sentencia del TC establece la colegiación obligatoria al personal de la Administración pública a raíz de la ley cántabra que exime de la colegiación obligatoria a los veterinarios funcionarios, cuyos preceptos han sido anulados por el Constitucional.
El representante de los 9 mil graduados sociales de Andalucía destaca que esta sentencia no exceptúa a los empleados públicos de la necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios profesionales en la Administración Pública. “La relación funcionarial no exime de la pertenencia obligatoria a los colegios profesionales, como garantes de que el ejercicio de las profesiones adscritas a este sistema que garantiza el ejercicio de sus competencias de manera homogénea”, explica José Blas Fernández.
La exigencia de la colegiación obligatoria de determinados colectivos para poder ejercer su actividad «es una garantía de equiparación de todos los profesionales en el ejercicio de su labor y prestación de servicios a la sociedad”.
Nuestros colegios de Graduados Sociales, como el resto de corporaciones profesionales, son garantes de que se ejerza una determinada profesión de manera independiente, soportada por una estructura que defienda los intereses de los colegiados,  pero con la premisa de velar por la correcta prestación de las competencias profesionales a nuestros destinatarios finales, la sociedad, sea en el ámbito privado o en el público, con homogeneidad en todo el territorio nacional, como destaca la sentencia del TC”, agrega el presidente del Consejo de los Colegios Profesionales de las ocho provincias andaluzas, Ceuta y Melilla.
14 de agosto de 2018

LOS GRADUADOS SOCIALES LAMENTAN QUE TRABAJO AMENACE POR CARTA A LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN FÓRMULAS DE EMPLEO A TIEMPO PARCIAL


LOS GRADUADOS SOCIALES LAMENTAN QUE TRABAJO AMENACE POR CARTA A LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN FÓRMULAS DE EMPLEO A TIEMPO PARCIAL El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha expresado su malestar por lo que considera una campaña de intimidación del Ministerio de Trabajo a las empresas que contratan mediante fórmulas de jornadas parciales o reducidas. El presidente de este colectivo de operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez, lamenta que el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social esté enviando cartas, “en un tono amenazante, a todos los contratadores, miles, que utilizan estas fórmulas de empleo, absolutamente legales, dando por hecho que todos los empresarios que recurren al trabajo parcial son defraudadores”. Dichos escritos se dirigen a empleadores que tienen en sus plantillas contratos de trabajo temporal y/o a contratos a tiempo parcial principalmente, donde estiman que “estos no han sido transformados a indefinidos” y “serán objeto de la correspondiente actuación inspectora si no se corrigen las deficiencias que en ellos pueda existir”. “Que existan contratos a tiempo parcial o temporales, no significa que sean fraudulentos ni tampoco que se tengan que transformar, pero en esta carta genérica, en tono amenazante, se puede estar violando la presunción de inocencia a efectos de la modalidad contractual que se ha aplicado, por lo que dar por hecho que están ilegalmente confeccionados todos los contratos es una afirmación gratuita”, razona José Blas Fernández Sánchez. “Los Graduados Sociales estamos en contra al 100% de todo fraude en materia de contratación y cotización a la Seguridad Social, y es nuestro deber asesorar correctamente a las empresas. Para actuar correctamente debe intervenir la Inspección de Trabajo por iniciativa propia, no mediante cartas veladamente amenazantes”, añade. Esta medida del Gobierno, enmarcada en el denominado “Plan del Choque” del Plan Director por un Trabajo Digno, está basada en “métodos coercitivos, dando por hecho que todos los contratos que se acogen a estas fórmulas no se acogen a la realidad del desempeño real de los trabajadores, algo rotundamente falso”, asegura el presidente de los graduados sociales andaluces. El representante de los 9 mil graduados sociales de Andalucía lamenta que Trabajo esté notificando directamente estas cartas a las empresas, mientras el resto de notificaciones se realiza mediante el Sistema Red, que pasan primero por estos profesionales. “Nuestros clientes se sienten amenazados, porque la mayoría respeta la jornada declarada según los mecanismos legales existentes”, puntualiza. José Blas Fernández insta al Ministerio a garantizar la presunción de inocencia a efectos de posibles situaciones sancionadoras. “Medidas como las de estas cartas suponen un deterioro del principio de seguridad jurídica, olvidando los derechos y garantías individuales”.
31 de julio de 2018

CÁDIZ: TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES EN LA SEDE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL


CÁDIZ: TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES EN LA SEDE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

La Audiencia Provincial de Cádiz ha acogido hoy la toma de posesión de los miembros que han sido elegidos para formar parte de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta.

En el transcurso de una ceremonia presidida por el presidente de la Audiencia Provincial, el magistrado Manuel Estrella, y del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, han tomado posesión de sus cargos los reelegidos miembros: Manuel Carlos Raposo Lagóstena, secretario general; Juan José Álvarez Leiva, tesorero, y el vocal Francisco Javier Sánchez Rea. Por último, ha tomado también posesión de su cargo en vocal electo Félix Alberto Vilches Márquez, delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar

Tras la toma de posesión, la junta ha quedado formada de la siguiente manera:Presidente, José Blas Fernández Sánchez  Vicepresidente 1º, Luis Carrasco QuiñonesVicepresidente 2º, Juan Carlos Cabrera PascuaSecretario General, Manuel Carlos Raposo LagóstenaVicesecretaria, Francisca Aragón TorresTesorero, Juan José Álvarez Leiva (Reelegido)Interventor-Contador, Manuel Fraga Núñez Vocal Residente en Ceuta, Francisco Javier Casas Sánchez Vocal y Delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar, Félix Alberto Vilches Márquez.Vocales: Jesús Puente Álvarez, Manuel Rubio Orbello, Francisco Javier Sánchez Rea y Rosario Galiana Vigo.Delegado de Honor en el Campo de Gibraltar, Gonzalo Cabrera SaraibaDelegado de Honor en Ceuta, Miguel Casas López

Vicepresidentes de Honor, Juan Pedro Aragón González, Jenaro Jiménez Maisonnave y Ángel Luis Serrano Casal.

24 de julio de 2018

TRIBUNA LIBRE. “DUDAS SOBRE EL ALCANCE DEL AUMENTO DE ALGUNAS PENSIONES DE VIUDEDAD”, POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


TRIBUNA LIBRE. “DUDAS SOBRE EL ALCANCE DEL AUMENTO DE ALGUNAS PENSIONES DE VIUDEDAD”, POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS Dudas sobre el alcance del aumento de algunas pensiones de viudedad   
Cuando cobren su prestación a final del mes de agosto, muchos perceptores de la pensión de viudedad sufrirán una decepción si conocen la información que dio el Gobierno el pasado viernes referida al Real Decreto que el Consejo de Ministros había aprobado. 
En la información facilitada oficialmente se decía que con la aplicación del Real Decreto aprobado, a partir de la nómina de agosto, aumentará desde el 52% hasta el 56% el porcentaje que determina la pensión de viudedad. Lo cual ha podido ser interpretado como que desde el próximo mes aumentarán un cuatro por ciento las pensiones que cobran quienes teniendo 65 años, no perciben otra pensión pública ni ingresos que superen el límite fijado en los Presupuestos Generales del Estado para poder beneficiarse de la pensión mínima de viudedad (actualmente 7.347,99 euros anuales).   
Pero no parece que sea lo correcto, pues la norma aprobada es desarrollo de la disposición que en la Ley de Presupuestos establece que a partir del día 1 de agosto el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de ese colectivo será del 56 %; y del 60% desde el 1 de enero de 2019. De manera que las pensiones que ya se están cobrando, han de quedar como están y serán las que se causen a partir de cada una de las fechas citadas las que tengan cuantías más altas en su reconocimiento inicial.    
Sin embargo, pudiera ocurrir que el Gobierno hubiera entendido que tiene que otorgar algún complemento a las pensiones ya causadas, pues ha previsto que la mejora puede alcanzar este año a 400.000 personas, sin saber cuántas van a quedar viudas en los próximos cinco meses reuniendo esos requisitos. Lo que se deduce también de que en la información dada estima un aumento del gasto de 301,31 millones de euros desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018 y aclara que para quienes cobran una pensión de viudedad complementada a mínimos, la subida no supondrá un aumento de su paga, pues esta mejora se absorbe parcial o totalmente en el complemento que ya aporta el Estado a la misma.   Por eso tengo curiosidad por ver publicado el Real Decreto, el cual, además de aclarar esas previsiones, debe prever el control de que se reúnen los requisitos para tener la mejora. Para ello, lo lógico sería que los aumentos de porcentaje se establezcan como complemento del 52% con que ahora se calculan todas las pensiones de viudedad, y llegado el caso poder suprimir el complemento otorgado por no ser procedente o solicitar su reembolso por cobro indebido.   
Enrique García Tomás 
GRADUADO SOCIAL.  EX-SECRETARIO DEL EXCMO. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA. COLEGIADO EMÉRITO DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA
ACCESO COLEGIADOS

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