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07 de septiembre de 2020

EL SENADO SUPRIME LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS PIDAN CITA PREVIA PARA ACUDIR A LOS JUZGADOS


EL SENADO SUPRIME LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS PIDAN CITA PREVIA PARA ACUDIR A LOS JUZGADOS La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado esta tarde una enmienda transaccional a través de la cual suprime la obligación de los profesionales de solicitar una cita previa para acceder a los juzgados, una demanda que había sido reiterada por los graduados sociales, entre otros operadores jurídicos.  El texto definitivo, acordado entre todos los grupos parlamentarios, suprime la alusión a los profesionales, por lo que la ley limitará el acceso únicamente al público, mientras que abogados, procuradores y graduados sociales no se verán afectados por esas limitaciones.

 

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han destacado la importancia de que abogados, procuradores y graduados sociales no tengan trabas en su acceso a los tribunales, por lo que no será necesario que soliciten cita previa para acceder a los juzgados.  Después de su aprobación definitiva en la comisión de Justicia, el proyecto de ley se votará mañana en la sesión plenaria del Senado. Después viajará de regreso al Congreso, donde el proyecto ley deberá ser refrendado por la Cámara Baja, antes de convertirse en ley.
02 de septiembre de 2020

GRADUADOS SOCIALES RECLAMAN LA PRÓRROGA DE LOS ERTE’S PARA EVITAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA ECONOMÍA ANDALUZA


GRADUADOS SOCIALES RECLAMAN LA PRÓRROGA DE LOS ERTE’S PARA EVITAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA ECONOMÍA ANDALUZA El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha reclamado la aplicación de una cuarta prórroga de los ERTE’s para evitar “daños irreparables en el mercado laboral y la economía andaluza”, ha señalado su presidente, José Blas Fernández Sánchez.

El representante de los más de 9.300 operadores jurídicos y profesionales del Orden Social y Laboral de la Comunidad Autónoma Andaluza, asegura que “esta medida es la única que puede paliar, a medio plazo, los efectos económicos devastadores de la crisis sanitaria del Covid en las empresas”.

A juicio de este experto en materia laboral, al frente de un colectivo profesional que conocer el día a día de las empresas andaluzas, “el Gobierno debe darse prisa en aportar la necesaria certidumbre a nuestra economía, con medidas como la ampliación de los expedientes temporales de empleo, al menos hasta marzo de 2021”.

Esta decisión ayudaría a compensar “el daño que la crisis va a provocar en los sectores directamente dependientes del turismo y la hostelería, una enorme cadena de valor y suministro que supone una parte muy importante de nuestro PIB regional. Sin ERTE’s, las empresas, con las que estamos en constante contacto como sus especialistas en el ámbito laboral, están abocadas a llevar a cabo ERE’s masivos, cierres o declaraciones de quiebra”, sostiene José Blas Fernández.

“Tenemos que afrontar medidas para un escenario que es coyuntural, fruto de una enfermedad pandémica, no de un colapso financiero. Hasta que la vacuna nos permita normalizar las actividades tractoras de nuestra economía, los ERTE’s son el mejor remedio paliativo”, agrega.

El presidente andaluz de estos operadores jurídicos propone que no se discrimine a sectores a la hora de aprobar ERTE’s por parte de la autoridad laboral, “sino que se trate con medidas coyunturales a las empresas que acrediten necesidades especiales para poder mantener sus empleos hasta que esta situación remita”.

“Los graduados sociales nos ofrecemos a colaborar con las administraciones y poner a su disposición el conocimiento que tenemos de la realidad empresarial. Proponemos un sistema de aplicación de ERTE’s que sea sencillo, y que pueda abarcar a todas las tipologías productivas, desde grandes empresas, pymes y, también, a profesionales y trabajadores autónomos. Todos forman una cadena de valor que hay que proteger. Debe primar la eficacia e inmediatez, pues las microempresas y autónomos no podrán soportar procedimientos administrativos largos y tediosos”, señala el presidente del Consejo Andaluz.
La reducción de IVA en los sectores imprescindibles, avales de cuotas de alquiler para emprendedores o aplazamiento de cuotas, impuestos y tasas municipales, son otras de las medidas propuestas por este colectivo profesional.
14 de agosto de 2020

CÁDIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES REITERAN SU PREOCUPACIÓN POR LA APATÍA DE JUNTA DE ANDALUCÍA Y AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA


CÁDIZ: LOS GRADUADOS SOCIALES REITERAN SU PREOCUPACIÓN POR LA APATÍA DE JUNTA DE ANDALUCÍA Y AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reiterado su preocupación por la “apatía de las administraciones” en relación al proyecto de la Ciudad de la Justicia, anunciando la puesta en marcha de nuevas acciones para llamar la atención al Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía sobre la situación que inactividad de ambas instituciones.
El presidente de esta corporación de operadores jurídicos y profesionales del ámbito social y laboral, José Blas Fernández Sánchez, ha lamentado “la falta de información sobre los trámites pendientes, tanto de cesión de los terrenos en los antiguos depósitos de Tabacalera, como en el proceso de redacción del proyecto constructivo de las instalaciones de Justicia”.
“Mientras la Junta de Andalucía tiene consignados en el presupuesto actual de 2020 un total de 622.000 euros para acometer la redacción del proyecto, sin que se hayan dado pasos para su licitación, el Ayuntamiento sigue sin cerrar el trámite de cesión”, sostiene Fernández. 
“Esta petición nuestra, que se remonta a hace más de 15 años, no es un capricho, es una necesidad para poner fin a las actuales sedes judiciales de Cádiz, repartidas en innumerables oficinas de alquiler, y en un estado deplorable. La Justicia del Orden Social es un servicio fundamental para trabajadores y empresas, pero en la actualidad las sedes son chiringuitos descuidados, sin medios, una situación indigna que dista mucho de las otras capitales, como Córdoba o Málaga, que cuentan con sus respectivos complejos de juzgados”, agrega.
El representante de los graduados sociales ha anunciado la puesta en marcha de peticiones de reuniones a los representantes de ambas instituciones. Por un lado, dirigiéndose al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, para que aclare qué se está haciendo en relación a la redacción del proyecto. Por otro, dirigiéndose al Ayuntamiento que preside José María González para informarse de los trámites pendientes para la cesión definitiva de los terrenos.
“Cádiz no puede estar más tiempo sin sedes judiciales dignas”, ha remarcado José Blas Fernández. “Las instalaciones actuales están dispersas y mal acondicionadas, lo que no es de recibo 18 años después del primer anuncio de la Ciudad de la Justicia, ni para los profesionales, ni para los justiciables y ciudadanos, muy especialmente”, ha añadido el presidente de los graduados sociales.
“Esta situación no es seria. Estamos ante constantes retrasos que puede demorarse aún más si pasa 2020 sin que la Junta de Andalucía ejecute la partida reservada para el proyecto de ejecución”, ha indicado.
El presidente del Colegio mantiene su oferta para “mediar y aportar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”.
29 de julio de 2020

Los graduados sociales hacen llegar sus propuestas para la reconstrucción social y económica al Parlamento de Andalucía


Los graduados sociales hacen llegar sus propuestas para la reconstrucción social y económica al Parlamento de Andalucía El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha aportado un documento de medidas, tanto generales como específicas del ámbito social y laboral, a la Comisión de Estudio del Parlamento de Andalucía sobre la recuperación económica y social a causa de la pandemia del COVID-19.
Este memorando de medidas, que ha sido ya remitido por el presidente de la comisión parlamentaria a los distintos grupos políticos, es el resultado de un trabajo de recopilación de los colegios andaluces de graduados sociales, que representan a nueve mil trescientos profesionales. Las medidas ponen el foco en el ámbito socio-laboral, con una gran incidencia en las pymes, micropymes y autónomos.Estos operadores jurídicos proponen la reducción de plazos y procedimientos administrativos para la implantación de ayudas y medidas para la reactivación económica. “Debe primar la eficacia e inmediatez, pues las microempresas y autónomos no podrán soportar procedimientos administrativos largos y tediosos”, señala el presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez.
La reducción de IVA en los sectores imprescindibles, avales de cuotas de alquiler para emprendedores o el reintegro del 100% de tasas municipales y precios públicos a empresas que hayan mantenido el nivel de empleo alcanzado durante 6 meses, son algunas de las medidas propuestas.En general, José Blas Fernández defiende a presencia de representantes de los graduados sociales en el Consejo Consultivo de Andalucía Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para aportar su experiencia en las materias socio-laborales que se tratan en ambos, así como la creación del cuerpo de Graduados Sociales en la Junta de Andalucía para gestionar asuntos de su especialidad: relaciones laborales, recursos humanos, tribunales y peritos judiciales. 

Las propuestas de este colectivo abarcan todos los sectores productivos, con medidas como la potenciación de la formación profesional o la extensión de las pruebas PCR a los trabajadores como principal medida de prevención.Respecto a la reactivación de la actividad judicial, insisten en la necesidad de crear nuevos Juzgados de lo Social con la dotación de recursos humanos y materiales necesarios, así como la adecuación de los juzgados existentes, implementando las medidas técnicas necesarias y adaptándolos a las medidas sanitarias exigidas para atender, tanto el colapso anterior a la crisis sanitaria, como al gran número de procedimientos que se derivará de la misma.

Del mismo modo, se reclama que los Magistrados de la Jurisdicción del Orden Social sean obligatoriamente especialistas, y no permitir más que sustitutos en casos extremos.Potenciar el CMAC con un sistema informático propio similar a LexNet, para que se hagan más eficaces las conciliaciones “ante el rotundo fracaso de este organismo en Andalucía, dotándolo de conciliadores expertos e implantando medios telemáticos agilizar la celebración de los actos. Es decir, que las conciliaciones tengan como fin evitar el proceso judicial y no como hoy, que lo que hace es entorpecer al mismo”.“Éstas y otras muchas propuestas son las que sometemos a la Comisión de estudio del Parlamento de Andalucía, en la confianza de que sean útiles para los acuerdos a tomar, reiterando la necesidad de nuestra en este foro y en cualquier otro en el que nuestros profesionales puedan aportar su visión experta sobre la realidad de las empresas”, sostiene el presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales.
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28 de julio de 2020

"De la pandemia a la realidad: utilización de las instituciones laborales para la adecuación permanente a las circunstancias cambiantes" por Fernando Sicre


Compartimos enlace al video del WEBINAR: "De la pandemia a la realidad: utilización de las instituciones laborales para la adecuación permanente a las circunstancias cambiantes" impartido ayer por Fernando Sicre, en el que también intervino nuestro presidente José Blas Fernández Sánchez.


Enlace al videopinchar aquí
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