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13 de enero de 2020

LOS GRADUADOS SOCIALES FELICITAN A JUAN CARLOS CAMPO, NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA


LOS GRADUADOS SOCIALES FELICITAN A JUAN CARLOS CAMPO, NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA Su presidente manifiesta la plena colaboración en aquellos asuntos relacionados con la Justicia en el Orden Social y Mercantil  El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha enviado hoy al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, las felicitaciones de este colectivo de operadores jurídicos por su nombramiento como nuevo Ministro de Justicia del Gobierno de España. Del mismo modo, ha expresado su felicitación en nombre del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales que preside.

 

“En nuestra calidad de operadores jurídicos del Orden Social y Mercantil, queremos manifestarle nuestra plena colaboración en aquellos asuntos relacionados con la Justicia, en todos aquellos ámbitos que sean de su competencia”, ha destacado José Blas Fernández.  En la misiva remitida al Ministerio se invita a su nuevo titular, “conociendo su y cercanía con la provincia de Cádiz y Andalucía, a visitarnos y conocer de primera mano las necesidades y demandas de nuestra profesión.  Nuestra Corporación, así como nuestro Consejo Andaluz, que representa a los graduados sociales, se ponen a su disposición para trabajar juntos en las mejoras de la Justicia, especialmente en las cuestiones que competen al Orden Social”, señala.
José Blas Fernández ha destacado la trayectoria profesional y política del nuevo ministro, especialmente su dilatada experiencia como juez, así como los cargos institucionales que ha ocupado Juan Carlos Campo. En 2011, y siendo entonces secretario de Estado, recibió la Medalla de Oro al Mérito Colegial de los graduados sociales de Cádiz.
09 de enero de 2020

LOS GRADUADOS SOCIALES DAN LA BIENVENIDA AL NUEVO JUEZ DEL NÚMERO 2 DE LO SOCIAL DE ALGECIRAS


LOS GRADUADOS SOCIALES DAN LA BIENVENIDA AL NUEVO JUEZ DEL NÚMERO 2 DE LO SOCIAL DE ALGECIRAS El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha mostrado hoy la satisfacción de estos operadores jurídicos en el Campo de Gibraltar tras conocerse oficialmente la designación del abogado laboralista y profesor Carlos Javier Galán como nuevo Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Algeciras.
Este nuevo titular del juzgado algecireño accede al cargo por el turno que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Una vez que el Consejo General del Poder Judicial confirme su propuesta, el nuevo juez podrá incorporarse en las próximas semanas a su nuevo destino, tras un período de formación en la Escuela Judicial de Barcelona.
José Blas Fernández ha señalado que espera que la larga experiencia del nuevo juez en el ámbito social y laboral permita poner fin a la situación del Campo de Gibraltar, marcada en los últimos años por los continuos retrasos en los señalamientos de juicios y la demora en las sentencias. En este sentido, el presidente de los graduados sociales ha remitido una carta de bienvenida al nuevo juez, poniéndose a su disposición en nombre de estos operadores jurídicos.
Carlos Javier Galán Gutiérrez fue fundador y primer presidente de la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid, desempeñando su cargo entre los años 2014 y 2018. Se colegió como ejerciente en 1990. Desde el año 2000 su dedicación preferente ha sido el Derecho del Trabajo.
Es profesor de esta materia en el Máster de Abogacía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es presidente de la Asociación Española de Abogados de Economía Social (AESOC) y socio de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).
07 de enero de 2020

«ENSEÑANZA NECESARIA SOBRE PENSIONES», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS


«ENSEÑANZA NECESARIA SOBRE PENSIONES», POR ENRIQUE GARCÍA TOMÁS En un foro sobre el sistema de la Seguridad Social, después de exponer mi opinión, uno de los asistentes dijo “esto habría que enseñarlo en las escuelas”. Me sorprendí por darme cuenta de que si así fuera se evitarían muchas decepciones generadoras de propuestas por desconocimiento de la realidad, como ocurre, aunque en menor medida, en otros campos de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos. Porque no es fácil llevar a cabo las explicaciones necesarias de manera que lleguen a toda la población de forma didáctica. Máxime ahora cuando ni los responsables políticos de esa importante materia tienen claro que el sistema público de protección social está basado en la solidaridad y como caja para pagar rentas de sustitución de lo dejado de percibir por cesar definitivamente en el trabajo por jubilación o por incapacidad.
Si se tuvieran asimilados esos principios, nadie consideraría una injusticia que existan pensiones de jubilación de cuantía inferior a la base reguladora de la misma derivada de un importante tiempo y cuantía de cotización; de igual manera que se entiende lógico que haya unos importes mínimos de pensión para quienes por sus cotizaciones generan unas inferiores a los mismos. Tampoco se pretendería, como en algunos ámbitos de hace, que esos mínimos se equiparen a la cuantía del salario mínimo interprofesional, pues se darían casos en que se cobrara más jubilado que lo que se percibía trabajando. Ni se llegaría a la absurda afirmación, que algunos esgrimen, de que aportando a un seguro privado las cotizaciones hechas a la Seguridad Social se tendrían mejores pensiones. No sólo porque no es cierto, como después explicaré, sino porque si el trabajador recibiera como sueldo el estipulado más las aportaciones que hace él y la empresa a la Seguridad Social, sin ser obligatoria la formalización de una póliza de seguro, la gran mayoría (en especial los autónomos) se quedaría sin cobertura, ya que no pocos consideran como un impuesto las cotizaciones sociales, pues la asistencia sanitaria puede ser gratuita.

No se tiene conocimiento claro de que no toda la cuota sirve para generar pensión de jubilación, cuando resulta que con parte de ella se financian otras prestaciones. La más habitual y costosa la de incapacidad temporal, durante la cual, salvo determinados días, el empresario no está obligado a pagar el salario, por lo que al no existir prestación de servicios el contrato se considera suspendido. Suspensión que últimamente se ha ido ampliando, con prestaciones más altas en casos de maternidad, paternidad y adopción o acogimiento. Así que la aportación a pensiones vitalicias no es tanta como la que parece y, si la que lo es, tuviera una capitalización como en los seguros privados o los planes de pensiones, no sería tan beneficiosa, pues hay que tener en cuenta que lo que de estos se recibe es únicamente lo aportado, con la revalorización (ahora casi nula) que haya tenido con los años.  Mientras que las pensiones de la Seguridad Social sólo tienen límite en su cuantía anual, pero no en su duración, pudiendo superar con mucho lo aportado y, en caso de fallecimiento del causante, se generan pensiones por muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares) cuya cuantía final suele superar la aportación revalorizada. La única excepción puede estar en el pensionista que fallece al poco de serlo sin tener familiares con derecho a pensión por su óbito.
ACCESO COLEGIADOS

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